El Juzgado de Instrucción n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha ampliado la investigación del caso valka a la concejal de Servicios Públicos, Inmaculada Medina Montenegro, y al funcionario Sergio González Cubas, técnico responsable de Parques y Jardines.
El magistrado Rafael Passaro, tal y como proponía Anticorrupción, ha acordado la citación de Medina y de González para que declaren como investigados por los delitos de malversación de caudales públicos agravada, en concurso medial con delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Siete años de fraude
El auto del juez destaca los indicios sólidos de la existencia de una "trama continuada de desviación de fondos públicos" a través del contrato de suministro de agua adjudicado a la empresa Guerra Patrimonial FGG, S.L., también citada como investigada.
El supuesto el fraude se gestó entre 2015 y 2022. Según el juez, González Cubas intervino en la redacción de los pliegos y la supervisión del servicio, introduciendo una modificación que elevó el presupuesto y que "permitió crear un marco contractual ficticio que legitimaba la facturación inflada" de la mercantil.
A Medina se le atribuye la firma y la aprobación de resoluciones y decretos de gasto, sin exigir la verificación técnica previa, lo que facilitó el pago de la facturación irregular.
Parques y Jardines abonó a la empresa "sobrecostes de más del 70% respecto a los consumos reales" mediante facturas sin soporte técnico real, configurando un mecanismo de desvío sistemático de dinero público.
Testigos
Junto a las citaciones de los investigados, el juez ha ordenado la comparecencia de dos altos cargos y una concejal en calidad de testigos. Son Bruno Naranjo Pérez, director general de Servicios Públicos, Víctor Alonso Martínez, jefe de servicio de Mantenimiento Urbano y de los Distritos, y Gemma Martínez Soliño, concejal que fue del Área de Desarrollo Estratégico.
El magistrado Rafael Passaro Cabrera ha dado traslado de la resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, ofreciendo a los investigados la posibilidad de recurrir el auto en reforma o apelación, y ha abierto una pieza de responsabilidad civil, además de acordar diferentes