La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por tres representantes sindicales contra la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Estabilización de Empleo Temporal (OEP) aprobada el pasado año por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para estabilizar 926 plazas.
La sala entiende en la sentencia que los tres empleados carecen de legitimación activa para la impugnación del proceso que, resalta, no concurre en ningún tipo de ilegalidad. La OEP se aprobó en Junta de Gobierno el 19 de mayo de 2022 para estabilizar y reducir la temporalidad en el sector público, tal y como establecía la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, según indica el Consistorio capitalino en un comunicado.
Carecen de legitimación
En el fallo, el tribunal destaca que los tres recurrentes, miembros del comité de empresa, carecen de legitimación a título individual y tampoco actuaron como órgano colegiado, puesto que el sindicato al que pertenecen desistió de los recursos contra la OEP. La sentencia añade que los trabajadores tampoco aportaron documentación alguna que constate la decisión mayoritaria por parte del comité de empresa para presentar el recurso. “Por tanto, es evidente que no se les puede reconocer legitimación activa”, asevera.
La sentencia recoge que el recurso interpuesto por los tres trabajadores es similar al que ya había presentado su sindicato ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que los propios representantes de los trabajadores desistieron. Y señala que de forma individual “difícilmente pueden tener legitimación para impugnar una oferta de empleo público que en nada les afecta” y después de que los sindicatos que estuvieron presentes en las negociaciones decidieran no recurrir la oferta de empleo público.
Y apunta que la OEP se ampara en la Ley 20/2021. “El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha limitado a aprobar la OEP e incluir en lo que afecta a la recurrente la plaza por el sistema de concurso”, añadiendo que "no se está pretendiendo con la OEP cambiar vínculos ni funcionarizar a empleados laborales, sino remediar una situación concreta”.