Varios menores del centro de acogida denunciado por tocamientos en Las Palmas serán reubicados

La ONG que gestiona el centro ya estaba siendo investigada por un delito de falsedad malversación de caudales públicos y por otro de abandono familiar

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Menores migrantes. / EFE
Menores migrantes. / EFE

El informe elaborado por un equipo de inspección de la Dirección de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias concluye que varios de los residentes en el centro de menores migrantes de Las Palmas de Gran Canaria denunciado por supuestos malos tratos el viernes serán reubicados próximamente.

El informe sobre el centro de menores de Tafira, gestionado por la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI, se ha puesto a disposición de la Fiscalía con dos conclusiones básicas: hubo incidentes en el interior del recurso días antes de la fuga de menores que se produjo hace pocas fechas y se trasladará a varios menores a otros lugares, según han informado a EFE fuentes del departamento regional.

Incidentes en los días previos

El expediente abierto por dos técnicas de la Dirección General "revela incidentes durante los días previos a la fuga de los adolescentes que hicieron necesario el refuerzo de educadores por parte de la entidad".

Asimismo, han apuntado, el Ejecutivo autonómico "trasladará a otros recursos alojativos a algunos de los chicos para mejorar la convivencia" en el centro. La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias también ha apuntado que continuará actuando en el centro "en función de lo que determine la justicia".

Posible agresión sexual

El pasado viernes, 12 menores acogidos en dicho centro de la capital grancanaria presentaron denuncias que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria por presunto maltrato e incluso "posibles tocamientos en el despacho del director", según adelantó el periódico La Provincia en su edición del domingo.

La ONG que gestiona el recurso está siendo investigada por otro juzgado de la capital grancanaria después de que Fiscalía Anticorrupción se querellara contra ella a finales de mayo al detectar la posible comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos en la gestión de los fondos públicos que obtenían del Ejecutivo autonómico para atender a los menores migrantes.

Igualmente, directivos y personal de Fundación Respuesta Social Siglo XXI están siendo investigados por otro juzgado de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, por posibles delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones por una serie de incidentes en otro recurso que gestionaron durante el anterior repunte migratorio de 2020.