La MetroGuagua, planteada como la solución definitiva para modernizar el transporte urbano en Las Palmas de Gran Canaria, se ha convertido en el símbolo de una gestión marcada por los retrasos y el encarecimiento.
Lo que debía estar funcionando desde 2021 ahora se aplaza, como mínimo, hasta 2028. Siete años de demora para un sistema que aún no tiene todos sus tramos adjudicados ni fecha cerrada de finalización.
El sobrecoste
El presupuesto inicial era de 110 millones de euros. Hoy ya se calcula que rondará los 180 millones, un aumento de 70 millones que evidencia una desviación financiera preocupante. El tramo tres, entre Vegueta y Hoya de la Plata, sigue pendiente de adjudicación, con un coste estimado de 50 millones. Y el soterramiento de Santa Catalina, otro punto clave, continúa sin una solución técnica ni económica clara.
El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, ha endurecido su discurso ante el nuevo retraso. El edil popular Gustavo Sánchez ha criticado públicamente que no se ejecutó “ni un solo euro” del proyecto en 2023, y acusa al grupo de gobierno de vender plazos sin cumplir y de ocultar la realidad de una obra que sigue empantanada.
Retrasos en la obra
También desde Coalición Canaria se han señalado los retrasos, especialmente por el bloqueo administrativo que arrastra el proyecto. La formación nacionalista denuncia la falta de presión política para acelerar los trámites del Estado, como el deslinde de Costas, que lleva más de un año sin respuesta.
La alcaldesa, Carolina Darias, intenta mantener el relato de avance, aunque evita comprometer nuevas fechas cerradas. Como avance, ha anunciado que el Ministerio de Transportes subvencionará el tramo tres, pero ni eso ha calmado las críticas, en un contexto donde el hartazgo ciudadano empieza a pesar más que la paciencia.
Más de una década después del inicio de las obras, la MetroGuagua ya no representa innovación ni modernidad: simboliza retrasos, sobrecostes y desconexión institucional. Lo que debía mover la ciudad, lleva años sin moverse.