Un total de once organizaciones sindicales han presentado este martes un escrito ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar una actuación “inadmisible” de la Policía Nacional durante la manifestación del Día del Trabajador en la capital grancanaria, al considerar que se vulneró el derecho fundamental de reunión y manifestación.
Según los sindicatos, la marcha, que había sido comunicada y autorizada entre las 11.00 y las 14.00 horas, reunió a unas 2.000 personas y comenzó sin incidentes. Sin embargo, denuncian que desde el inicio existieron presiones policiales para acelerar el recorrido y evitar cualquier parada durante el trayecto.
Quejas por el ritmo
En el escrito registrado, las organizaciones aseguran que agentes de la Policía Nacional se dirigieron tanto a la cabecera de la manifestación como a distintos colectivos participantes para exigirles que mantuvieran un ritmo constante y no se detuvieran para corear consignas.
A juicio de los sindicatos, estas actuaciones excedieron las funciones policiales habituales en este tipo de movilizaciones. “No corresponde a la Policía Nacional marcar el ritmo, imponerlo, dirigir ni presionar a los manifestantes”, sostienen en el documento presentado ante la Subdelegación del Gobierno.
La secretaria insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria, Esther Ortega, subrayó antes de registrar el escrito que el Primero de Mayo es una manifestación “reivindicativa” en la que participan personas mayores y familias con niños.
“No se puede pretender que en una manifestación de varios kilómetros las personas no se paren”, afirmó Ortega, que comparó la situación con otros eventos multitudinarios como maratones o pruebas ciclistas que también implican cortes de tráfico durante horas.
Críticas a la “ley mordaza”
La dirigente sindical advirtió además de que es la primera vez que viven una situación similar en una movilización del Día del Trabajador en la capital grancanaria. “Así se empieza recortando derechos”, aseguró.
Ortega vinculó además lo sucedido con las críticas históricas a la conocida como “ley mordaza”, al considerar que existe un riesgo de limitación progresiva del derecho a la protesta pacífica.
Por su parte, la representante del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias, Lucy Rodríguez, sostuvo que lo ocurrido no es un hecho aislado y denunció un aumento de la “represión” contra movimientos sociales y sindicales.
Rodríguez aseguró que colectivos vinculados al activismo social y a la causa palestina acumulan más de 20.000 euros en sanciones, aunque señaló que muchas de ellas están siendo anuladas posteriormente en los tribunales.
Piden una reunión urgente
El escrito presentado este martes reclama información detallada sobre las instrucciones que recibieron los agentes desplegados durante la manifestación y solicita una reunión urgente entre representantes sindicales y la Delegación del Gobierno en Canarias.
Los sindicatos advierten además de que, si no obtienen respuestas satisfactorias tras un diálogo institucional, intensificarán la denuncia pública sobre lo que consideran una creciente presión policial contra los movimientos sociales y sindicales en Canarias.