El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una segunda resolución contra clínica de Siete Palmas denunciada por los vecinos. La Dirección General de Edificación y Actividades requiere al propietario del Centro Médico Clínoq que cierre el negocio en un plazo de dos días.
La resolución municipal advierte que la Policía Local procederá a la clausura y precinto del establecimiento si no se cumple de manera voluntaria el requerimiento.
El acto administrativo es definitivo y puede ser recurrido en el plazo de dos meses en la jurisdicción contencioso administrativa. También admite recurso de reposición ante el mismo departamento, pero esta opción no parece que tenga mucho recorrido: el informe técnico municipal ha detectado hasta 18 irregularidades y han sido desestimadas otras tantas alegaciones por parte del abogado del centro médico.
Medidas cautelares
Lo habitual en estos casos es que se pidan medidas cautelares en el juzgado para frenar la resolución municipal hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Las relaciones entra la comunidad de propietarios del edificio y el centro médico están rotas. Ambas partes se enfrentaron hace un mes en un juicio civil con un resultado desigual: la juez denegó el cierre del negocio al no apreciar que la actividad médica desplegada fue peligrosa para los residentes, pero condenó a su responsable a reparar los daños causados por la obras al edificio y las viviendas de los afectados.
Es, en parte, el mismo argumento desplegado ante el Ayuntamiento. La defensa plantea que la paralización de una actividad solo debería requerirse cuando exista un riesgo real y probado, sugiriendo que las deficiencias detectadas no alcanzaban ese nivel de gravedad.
Seguridad
La Dirección General de Edificación y Actividades, en cambio, concluye que las deficiencias son "sustanciales" e impiden el funcionamiento legal del centro. Entre esas anomalías destaca un peligro inminente derivado de la seguridad contra incendios.
El expediente se originó precisamente por una denuncia que alertaba sobre riesgos graves en esta materia. El técnico municipal ha comprobado que el sistema de abastecimiento de agua y las bocas de incendio equipadas no están operativos.
El centro tampoco ha presentado ante el Gobierno de Canarias la certificación de puesta en marcha de las instalaciones de protección contra incendios.
Además, con respecto a los sistemas de ventilación, los informes revelan que el local no dispone de un conducto habilitado para las instalaciones necesarias, al encontrarse el "patinillo técnico" inhabilitado, según los expedientes previos. De ahí que existan incumplimientos normativos en materia de ventilación y en la salida de gases por los conductos reglamentarios.
Declaración responsable
La inspección municipal sostiene que la actividad que se desarrolla en el local no se ajusta a lo presentado en el proyecto de declaración responsable, y las alegaciones presentadas en enero de 2026 no han sido suficientes para subsanar los 18 puntos de deficiencias detectados en el proyecto.
La administración subraya que el hecho de presentar una "declaración responsable" no otorga un derecho absoluto si los datos son inexactos o los requisitos técnicos no se cumplen. "La actividad ejercida sin licencia se conceptúa como clandestina e irregular, pudiéndose acordar su paralización en cualquier momento", reza el fundamento jurídico de la resolución.
Y es que el Ayuntamiento tiene la potestad de paralizar "de plano y con efectividad inmediata" cualquier actividad que no garantice la seguridad de los usuarios, como los pacientes de un centro médico, hasta que se adopten las medidas correctoras.
Fallos graves
El sistema actual permite abrir un negocio si declaras que cumples la ley, pero la administración tiene la obligación de inspeccionar. Si detecta "inexactitud, falsedad u omisión esencial" en lo declarado, la ley obliga a la imposibilidad de continuar con la actividad, sobre todo tras una denuncia vecinal y la gravedad de las deficiencias encontradas.
La resolución municipal deja claro que no se trata de simples errores sobre el papel, sino de fallos en la seguridad contra incendios y en la ventilación. Por eso concluye el informe que la actividad no está legitimada para abrir al público bajo ninguna circunstancia actual.