El Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, uno de los proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para transformar el corredor del barranco, fue licitado sin contar con la autorización obligatoria del Gobierno de Canarias, según ha confirmado oficialmente el propio Ejecutivo autonómico. El concurso —que adjudicó el diseño a la propuesta Awa, del despacho Batlleiroig— se puso en marcha sin que el Consistorio solicitara el permiso legalmente preceptivo para actuar sobre este ámbito.
Desde el punto de vista administrativo, la irregularidad es de gran calado. La actuación proyectada se desarrolla sobre la GC-5, una vía de titularidad autonómica, y sobre un cauce integrado en el dominio público hidráulico, lo que exige, de forma obligatoria, la autorización previa de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, además de la intervención del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria. El primero de estos trámites, según la respuesta oficial, no fue instado por el Ayuntamiento.
Ejemplo, la GC-500
Técnicamente, la autorización autonómica no solo es imprescindible para ejecutar las obras, sino también para la propia viabilidad formal del proyecto, al afectar a una infraestructura clasificada como de interés regional. A ello se añade un elemento clave: para que el Ayuntamiento pudiera actuar con plena competencia, la vía debería haber sido previamente desclasificada como carretera autonómica y transferida a titularidad municipal, un procedimiento administrativo que ya se aplicó en su momento en otras infraestructuras, como el tramo de la GC-500 entre San Agustín y Playa del Inglés.
A este escenario se suma un segundo frente de enorme trascendencia jurídica: el concurso se habría impulsado pese a que el proyecto entra en colisión con el vigente Plan General de Ordenación (PGO), lo que incrementa de forma significativa el riesgo de bloqueo administrativo y contencioso de toda la intervención.
Inversión comprometida
Las advertencias técnicas apuntan ya a una consecuencia directa: el dinero público comprometido en estudios, tramitaciones, actos de presentación y desarrollo del concurso corre un alto riesgo de convertirse en inversión inútil, como consecuencia de una tramitación precipitada que ahora queda seriamente cuestionada.
La confirmación del Gobierno de Canarias es contundente: “necesitan autorización para cualquier acción en el Guiniguada, y efectivamente no la pidieron”. La frase deja al Ayuntamiento en una posición políticamente comprometida y abre un escenario de incertidumbre institucional sobre el futuro inmediato de uno de los proyectos urbanos más ambiciosos anunciados para la capital en los últimos años.