El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado el paso que había advertido que daría. Cuatro meses después de ordenar el cierre voluntario de la Pensión Turquesa, un establecimiento situado en el número 69 de la calle Secretario Artiles, en pleno entorno Puerto-Canteras, el Consistorio ha ordenado a la Policía Local que proceda a su clausura mediante precinto. La razón es sencilla: pese al requerimiento municipal, el negocio continuó funcionando.
La nueva resolución del Servicio de Edificación y Actividades pone fecha y hora a una circunstancia que agrava el expediente abierto contra el alojamiento. El 27 de julio, más de dos meses después de la primera orden municipal, agentes de la Policía Local acudieron al establecimiento. Eran aproximadamente las 17.15 horas. Allí comprobaron que la actividad seguía en marcha, con "entrada y salida de clientes".
Aquella visita policial ha terminado por cerrar el círculo administrativo iniciado meses atrás a raíz de una denuncia de la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento ya no requiere ahora a la responsable del negocio para que cierre. Ordena directamente que la Policía Local coloque el precinto.
Cuatro meses después
La historia comenzó mucho antes. Como publicó Atlántico Hoy en mayo, una inspección había sacado a la luz un escenario difícil de conciliar con la actividad de un establecimiento alojativo: cableado colgando, una instalación eléctrica deficiente y una explotación turística que, según el expediente tramitado entonces, alcanzaba las 20 unidades alojativas y 22 plazas, aunque en el Registro General Turístico figuraban únicamente seis unidades y doce plazas.
A ello se añadía otra circunstancia determinante para el Ayuntamiento: en sus archivos no constaban la declaración responsable, el proyecto técnico, el certificado técnico ni la licencia municipal de apertura necesarios para amparar la actividad.
El 7 de mayo de 2026, la Dirección General de Edificación y Actividades dictó la resolución número 15.241. El Ayuntamiento concedió entonces un plazo de dos días para paralizar voluntariamente la actividad y dejó por escrito qué sucedería si no se atendía el requerimiento: clausura y precinto por parte de agentes de la Policía Local. El motivo administrativo de aquella decisión era que el establecimiento carecía de título habilitante para funcionar.
La advertencia, sin embargo, no consiguió detener la actividad.
Intento de suspensión
Entre aquella primera resolución y la orden definitiva de precinto hubo otro movimiento. La responsable del establecimiento solicitó la suspensión cautelar de la decisión municipal. El Ayuntamiento respondió el 4 de junio con una nueva resolución en la que inadmitió esa petición.
El expediente siguió su curso y el 27 de julio llegó la comprobación sobre el terreno. La Policía Local se personó en Secretario Artiles y dejó constancia de que, a las 17.15 horas, la pensión permanecía en funcionamiento y registraba movimiento de clientes.
Ese informe policial resulta ahora decisivo. El Servicio de Edificación y Actividades concluye que no consta que la responsable haya atendido el requerimiento municipal. Tampoco figura, según recoge expresamente la resolución, ninguna decisión judicial que impida al Ayuntamiento ejecutar la orden dictada meses atrás.
Es decir, desde el punto de vista municipal no existe ya ningún obstáculo para pasar de las palabras a los hechos.
La Policía Local, al precinto
La resolución recuerda que los actos administrativos se presumen válidos y son ejecutivos y se apoya, entre otros preceptos, en los artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. También invoca los artículos 98 y 99 de la misma norma para sostener la capacidad de la Administración de ejecutar sus propias resoluciones.
El desenlace queda condensado en unas pocas líneas del decreto: "Procédase, por la Policía Local, a la clausura mediante precinto" de la Pensión Turquesa por no haber paralizado voluntariamente su actividad conforme a lo requerido el pasado 7 de mayo. La resolución añade que contra este acto administrativo no cabe recurso.
La decisión fue propuesta por el jefe del Servicio de Edificación y Actividades el 9 de septiembre y firmada posteriormente por la directora general de Edificación y Actividades y el oficial mayor. El decreto quedó incorporado al Libro de Resoluciones y Decretos del Ayuntamiento el 11 de septiembre de 2026 con el número 32.073.
De la advertencia al cierre forzoso
La nueva resolución supone un salto cualitativo respecto a la situación conocida en mayo. Entonces, el Ayuntamiento había ordenado a la responsable que cesara por sí misma una actividad que consideraba carente de habilitación y había reservado el precinto para el supuesto de incumplimiento. Ahora el Consistorio considera acreditado precisamente ese incumplimiento y activa la ejecución forzosa.
El caso resulta especialmente significativo por la ubicación del establecimiento. La Pensión Turquesa se encuentra en Secretario Artiles, una de las calles que atraviesan el corazón del área Puerto-Canteras y a escasa distancia de Las Canteras, en una zona donde la presión alojativa y turística convierte el control de pensiones, viviendas vacacionales y establecimientos irregulares en un asunto de creciente relevancia municipal.
No más advertencias
Cuatro meses después de aquella primera orden, la situación administrativa ha llegado a su último escalón. El Ayuntamiento dio 48 horas para cerrar. La responsable trató de suspender cautelarmente la medida. El Consistorio rechazó la petición. Y cuando la Policía Local regresó al inmueble el 27 de julio, encontró la pensión todavía abierta y clientes entrando y saliendo.
Ahora ya no existe una nueva advertencia ni otro plazo para bajar voluntariamente la persiana. La orden que ha salido de Edificación y Actividades es directamente para la Policía Local: clausurar y precintar la Pensión Turquesa.
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