Podemos endurece su posición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras la dimisión de Inmaculada Medina por el Caso Valka. La formación ha marcado públicamente sus condiciones para seguir en el pacto municipal. En declaraciones a Hoy por Hoy Canarias de la Cadena SER, la edil Gemma Martínez afirmó que su continuidad depende de que el resto de socios asuman “una agenda potente y valiente de vivienda” y que se supere la “parálisis administrativa” que, asegura, afecta al funcionamiento del Consistorio.

Martínez sostuvo que Podemos permanecerá en el Ejecutivo “solo si las medidas de vivienda se implementan de verdad y si mejora la gestión interna del Ayuntamiento”. De lo contrario, advirtió, “el proyecto se dará por agotado”. La edil, responsable actualmente de Parques y Jardines, remarcó que “esto se ha acabado” tal y como funciona el pacto y que su formación no está dispuesta a sostener un Gobierno “solo por aritmética”.

Críticas al caso de transfuguismo

Durante la entrevista, Martínez insistió en que no puede “normalizarse” la referencia al Gobierno local como un cuatripartito, aludiendo al concejal José Eduardo Ramírez, elegido por Nueva Canarias y ahora integrado en Primero Canarias, la nueva plataforma nacionalista, una "pata de Coalición Canaria en Gran Canaria", según Martínez. Señaló este movimiento como un ejemplo de “transfuguismo” que, en su opinión, ha alterado el equilibrio interno del pacto.

La crisis se desencadena después de la salida de Medina, investigada por el pago de 89 facturas de suministro de agua del área de Parques y Jardines que, según Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor, presentaban un sobrecoste de hasta el 70%. El auto judicial sostiene que se habrían inflado consumos, emitido facturas sin comprobar con contadores y manipulado pliegos técnicos para favorecer a Guerra Patrimonial FGG, cuya actividad es uno de los ejes del denominado Caso Valka.

El cambio de gestión del área —que pasó a manos de Martínez en 2023— coincidió con una caída drástica del consumo y pagos ajustados a parámetros habituales, algo que la Fiscalía interpreta como un indicio relevante.

Trama y delitos investigados

La investigación también involucra al técnico municipal Miguel Padrón, acusado de incrementar sin justificación los volúmenes de agua necesarios para el servicio, creando el marco que permitió justificar facturas elevadas. El auto señala que la empresa beneficiaria habría estado supuestamente coordinada con funcionarios para agotar créditos públicos, e incluso apunta que parte de los fondos habrían servido para un préstamo privado de 430.000 euros destinado a un edificio de viviendas vacacionales en La Palma.

Sobre Medina, la Fiscalía subraya que firmó y autorizó pagos durante casi ocho años sin verificaciones, un periodo que, según Anticorrupción, demostraría que conocía el funcionamiento de la trama.

Un Gobierno local tensionado

Con este escenario, Podemos coloca el foco en vivienda y transparencia como condiciones imprescindibles para sostener el pacto municipal. El Gobierno de Carolina Darias, que gobierna desde 2023 con varias fuerzas, encara ahora una tensión añadida mientras avanza la investigación judicial y se redefine el equilibrio interno del Ejecutivo capitalino.