La salida de José Eduardo Ramírez de Nueva Canarias (NC) hacia Primero Canarias ha detonado un conflicto político —casi un parricidio shakesperiano— que va más allá del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Mientras el partido de Román Rodríguez se prepara para celebrar este fin de semana su congreso más delicado, marcado por la fuga de dirigentes, cargos y militantes hacia la plataforma que lideran Teodoro Sosa y Óscar Hernández, su principal batalla inmediata se libra en el terreno jurídico: conseguir que Ramírez sea considerado tránsfuga para apartarlo del grupo municipal y que pierda su sueldo.
Pedro Quevedo, concejal de NC en el consistorio capitalino, ha elevado el tono al calificar la salida de Ramírez como “transfuguismo de libro” y anunciar que el partido presentará un escrito ante la Secretaría General Técnica del Ayuntamiento para forzar su paso al grupo de no adscritos. Esto supondría que Ramírez dejaría de percibir retribuciones municipales y quedaría sin peso político en el grupo de gobierno. Desde el partido canarista, incluso, estos días se ha deslizado que existe un informe de más de 100 páginas sobre transfuguismo, que servirá de base para actuar en todas las administraciones donde cargos electos hayan abandonado el partido para sumarse a Primero Canarias.
Jugada bloqueada
La estrategia de NC, sin embargo, se topa con un escollo legal de difícil resolución. Para que Ramírez sea considerado tránsfuga no basta con la firma de Nueva Canarias: la ley exige la rúbrica de los representantes de los once partidos que conformaron la coalición electoral NC-FCA con la que concurrió a las elecciones municipales. De esos once, nueve ya no mantienen vínculos con NC y no tienen intención de firmar, lo que bloquea de facto la maniobra para retirarle sueldo y condición política.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya vivió un enredo similar en el mandato anterior. En agosto de 2022, Podemos expulsó de su organización a Javier Doreste —primer teniente de alcalde de la ciudad y concejal de Urbanismo— después de firmar una carta de apoyo a Meri Pita, entonces diputada nacional que unos meses antes había abandonado la formación morada para saltar al Grupo Mixto en el Congreso.
Mismo ejemplo
Podemos pidió que se aplicara contra Doreste el Pacto Antitransfuguismo y que pasara a formar parte de los No Adscritos. No ocurrió nada. Al igual que Nueva Canarias-FCA en mayo de 2023, el partido liderado en Canarias por Noemí Santana se presentó a las elecciones municipales en la capital grancanaria de 2019 en una coalición compuesta por diferentes partidos —bajo la nomenclatura de Unidos Podemos— y sólo la formación morada consideraba tránsfuga a un Doreste que finalizó el mandato dentro de su grupo municipal y sin menoscabo en sus responsabilidades dentro del gobierno.
Desde el entorno de Primero Canarias hay tranquilidad: confían en que el impedimento legal desactive la ofensiva de NC y permita a Ramírez conservar su acta y continuar respaldando el pacto municipal que mantiene a Carolina Darias en la alcaldía, con los votos de PSOE, NC, Podemos y ahora Primero Canarias.
Movimientos en el pacto
La marcha de Ramírez también deja un nuevo frente en el gobierno de la ciudad. Hasta ahora concejal delegado de las áreas de Empleo y Movilidad —cuyas competencias recaen formalmente en Pedro Quevedo—, su salida obliga a redefinir responsabilidades. Para evitar choques internos que afecten al funcionamiento del Ayuntamiento, una de las opciones sobre la mesa es que ambas áreas pasen al PSOE, que podría delegarlas directamente en Ramírez, manteniendo la estabilidad del pacto.
Si eso se planteara a la vuelta de las vacaciones de agosto, ¿aceptarían Nueva Canarias y Quevedo esa decisión o la estabilidad del pacto quedaría en entredicho? Carolina Darias gobierno en mayoría con los votos de PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y Primero Canarias, pero si pierde el apoyo de un solo concejal las cuentas no le saldrían a la alcaldesa.
Congreso con sabor a ruptura
Este pulso legal y político estalla justo antes del congreso más decisivo para Nueva Canarias, que llega debilitada por una sangría de cuadros hacia Primero Canarias. La marcha de Ramírez se suma a un goteo constante de alcaldes, concejales y militantes que han visto en el nuevo proyecto de Sosa y Hernández una alternativa al canarismo que, hasta hace pocos años, lideraba NC en Gran Canaria.
En este contexto, la lucha por la condición de tránsfuga de Ramírez es mucho más que una cuestión administrativa: se ha convertido en un símbolo de la pugna por el control del espacio canarista en la capital y en la isla. Lo que ocurre en el Ayuntamiento de Las Palmas marca en buena medida la temperatura política del congreso de NC y anticipa hasta dónde puede llegar la ruptura —que estos días ha tocado lo personal— entre ambas formaciones.