La MetroGuagua vuelve a estar en el centro de la polémica municipal. La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha alzado la voz este lunes para denunciar nuevos retrasos en el sistema de transporte de alta capacidad. En concreto, la oposición pone el foco en la reciente recepción de las obras de conexión en el Cono Sur —entre el Paseo Blas Cabrera y las calles Villa de Zarauz y Alicante—, una intervención que, según censuran, ha multiplicado por cuatro los tiempos previstos en el contrato inicial.
La actuación, pieza clave del tramo 2 del proyecto, fue adjudicada el 19 de marzo de 2025 con un horizonte de ejecución de apenas dos meses. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta: la obra no se recepcionó hasta el pasado 10 de diciembre, lo que supone una demora que eleva a nueve meses los trabajos. Para Delgado, esta dilación no es solo un incumplimiento administrativo, sino que se traduce en un perjuicio directo para la movilidad de la zona y el día a día de los vecinos, transformando una supuesta solución urbanística en un nuevo problema de gestión.
Silencio administrativo y cambios financieros
Desde las filas populares cargan contra la falta de transparencia del gobierno local. Delgado ha señalado directamente a la alcaldesa, Carolina Darias, a quien acusa de haber "enmudecido" ante la situación, sin ofrecer explicaciones sobre los plazos reales, los costes finales o una fecha fiable para la puesta en marcha. La crítica va más allá de la ejecución física y apunta a la improvisación financiera: la conexión del Cono Sur, que figuraba en la planificación como una actuación financiada por fondos EDUSI, ha acabado integrándose en las modificaciones del programa del FDCAN tras perder su encaje europeo original, un movimiento que el PP tacha de "disparate".
Una factura millonaria
El retraso en las obras tiene una traducción económica que el PP califica de "sangría" para las cuentas de la ciudad. Según las cifras manejadas por la formación, desde que el proyecto echó a andar en junio de 2017, el Ayuntamiento ha tenido que reintegrar 16,22 millones de euros a otras administraciones. El grueso de esta cantidad, unos 13,1 millones, corresponde a subvenciones que no se ejecutaron en tiempo y forma, mientras que los 3,02 millones restantes son intereses de demora que las arcas públicas han tenido que asumir por dichas devoluciones.
La lista de reintegros incluye partidas cuantiosas que lastran la financiación del proyecto. Delgado ha recordado hitos como la devolución de 10 millones de euros vinculados a la estación de Hoya de la Plata o el retorno parcial de 3,1 millones de una ayuda estatal, ambos motivados por el incumplimiento de los plazos exigidos para justificar la inversión.
Intereses por una obra parada
A la pérdida de subvenciones se suma el coste financiero de la deuda. La ciudad está pagando intereses por el crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por una infraestructura que aún no presta servicio. Hasta julio de 2024, el consistorio ya había desembolsado 3,9 millones de euros en este concepto. Un gasto corriente que, tal y como lamenta la portavoz popular, debería sufragarse con los ingresos de explotación del propio sistema de transporte y que, ante la falta de operatividad, está saliendo directamente del bolsillo de los contribuyentes.