La imputación de la concejala Inmaculada Medina en el caso Valka se fundamenta en la "existencia de indicios sólidos" de una posible "trama continuada de corrupción administrativa desarrollada entre los años 2015 y 2022 en el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, razona el magistrado Rafael Passaro en su auto judicial.
Una trama que estaba orientada a la "distracción sistemática de fondos públicos" mediante la manipulación de pliegos técnicos, la confección de facturas falsas y la simulación de servicios, en beneficio de la empresa contratista y con la "participación de responsables técnicos y políticos", añade el juez en su resolución.
Vínculos
La compañía beneficiada es Guerra Patrimonial, un proveedor habitual del Ayuntamiento que se encarga de suministrar agua de riego para los parques y jardines del municipio. Su responsable es Felipe Guerra, quien, además, tenía otra empresa con Miguel Ángel Padrón (Esvertical), jefe del servicio en los años investigados y mano derecha de Medina en el área de Servicios Públicos.
La relación entre los tres no se agota ahí: Guerra financió con más de 400.000 euros las viviendas vacacionales que Padrón se construyó en La Palma, todo mientras se falseaban facturas y no se verificaba el consumo real de los contadores, según los indicios recabados por la Fiscalía Anticorrupción y avalados por el juez instructor.
Así hasta consumir todo el presupuesto municipal del servicio contratado, lo que generó al Ayuntamiento un perjuicio superior a los 400.000 euros.
Guerra y Padrón ya estaban imputados por ese préstamo, extendiéndose ahora la investigación a la empresa como persona jurídica, a otro funcionario y a la concejala. De ahí la importancia de desentrañar la relación con Medina y su papel en la trama: ¿Firmó durante siete años facturas sin verificar el coste real del servicio? ¿Tanto se fiaba de su persona de confianza? ¿Qué vínculo tiene con el empresario? ¿Sabía algo de los apartamentos de La Palma?
Para concocer las repuestas, habrá que esperar a los interrogatorios. Estos son los hechos delictivos imputados a los investigados:
Sergio González Cubas
El juez atribuye a este técnico un delito continuado de malversación de caudales públicos agravada (por perjuicio superior a 250.000 euros), falsedad en documento público, prevaricación administrativa y fraude a la Administración.
Según el auto, el funcionario intervino en la redacción y supervisión del pliego de prescripciones técnicas del expedeinte invesigado, que fue aprobado en febrero de 2019, "elevando artificialmente" el volumen estimado de suministro de agua, que pasó de 72.000 metros cúbicos anules a 190.839,695, "sin respaldo técnico, estudio hidrológico ni motivación económica".
Con su actuación creó un marco contractual ficticio que legitimaba la facturación inflada de la empresa adjudicataria y eliminaba los controles técnicos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público.
También firmó y validó "numerosas certificaciones mensuales sin verificar la lectura de contadores ni la efectiva prestación del servicio", dando apariencia de legalidad a facturas mendaces con sobrecostes superiores al 70% respecto a los consumos reales. Esto facilitó el pago indebido de fondos municipales.
Inmaculada Medina Montenegro
Se le imputan los mismos delitos provisionales que a González Cubas, pues firmó todas las resoluciones administrativas y decretos de gasto que dieron cobertura formal al fraude contable, autorizando el pago de facturas sin exigir la comprobación técnica de los consumos ni justificación material del servicio.
Su intervención como autoridad competente para el reconocimiento de las obligaciones permitió la distracción de fondos públicos, consolidando un circuito de pagos irregulares que beneficiaba directamente a la empresa contratista, agrega el auto.
La reiteración de esta práctica durante más de siete años, a pesar de la ausencia objetiva de control técnico, revelaría un conocimiento y voluntad concertada con los responsables técnicos y el contratista para mantener el sistema fraudulento, destaca el auto judicial.
Guerra Patrimonial FGG SL
Los delitos que afronta la empresa son cohecho y malversación de caudales públicos agravada (por perjuicio superior a 250.000 euros).
Juez y fiscal tienen indicios de que la compañía ha presentado facturas mendaces en cuatro contratos, con volúmenes de consumo falsos o inflados, sin respaldo de lecturas reales de los contadores.
Otro indicio es concertarse con los funcionarios públicos para aparentar la ejecución íntegra de los contratos y agotar los créditos presupuestarios disponibles, además de destinar parte de los beneficios ilícitamente obtenidos a financiar un préstamo personal de 430.000 euros a Padrón.
Este dinero fue abonado al empresario mediante transferencias periódicas sufragadas con los sobreprecios de las facturas infladas, lo que configura un retorno encubierto vinculado a delitos de cohecho y blanqueo de capitales, consideran juez y fiscal.
Dato objetivo
El auto también destaca como prueba objetiva la caída "notable" de la facturación del contratista a partir de diciembre de 2022, cuando los nuevos responsables municipales del servicio exigieron lecturas reales de contadores, lo que confirmaría el carácter ficticio de las facturaciones anteriores y el perjuicio económico causado al erario municipal.
Esos nuevos gestores son Bruno Naranjo Pérez, director general de Servicios Públicos, Víctor Alonso Martínez, jefe de servicio de Mantenimiento Urbano y de los Distritos, y Gemma Martínez Soliño, concejala de Desarrollo Estratégico. Los tres han sido citados como testigos para el mes de diciembre.