La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Valka ha salpicado de lleno a Inmaculada Medina, concejala socialista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, prevaricación y fraude a la administración.
Según ha publicado este miércoles Atlántico Hoy, el fiscal Javier Ródenas ha solicitado al magistrado instructor Rafael Passaro que investigue a Medina dentro de la pieza separada que afecta al área de Parques y Jardines, en la que ya figuran como imputados el empresario Felipe Guerra y el exjefe del servicio Miguel Ángel Padrón, mano derecha de la concejala durante el mandato anterior.
El Ministerio Público sostiene que la empresa Guerra Patrimonial FGG SL —adjudicataria del suministro de agua en varios barrios de la capital grancanaria— financió con un préstamo de más de 400.000 euros las viviendas vacacionales de Padrón en La Palma, una operación ejecutada mientras Medina y su equipo le concedían contratos municipales.
Código Ético del PSOE
El Código Ético y de Conducta del PSOE, en su punto 5.9, es claro: la obligación de dimitir solo entra en vigor cuando se dicta auto de apertura de juicio oral por delitos como malversación, fraude o prevaricación.
Hasta ese momento, cuando el cargo público está únicamente en fase de investigación o instrucción, el Código no fuerza la renuncia, aunque sí exige comunicarlo al partido y acatar las medidas disciplinarias que éste imponga.
Sin embargo, si la causa judicial avanza y el juez acuerda la apertura de juicio oral, el reglamento socialista es tajante: “Deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado/a y dimitir de su cargo”. En ese caso, Medina estaría obligada a dejar su acta de concejala.
Fuentes del partido consultadas admiten que, más allá del marco jurídico interno, la implicación en un caso de corrupción supone un fuerte desgaste político, y la dirección podría aplicar los artículos 85 y 86 de los Estatutos Federales, que permiten suspender o expulsar a cualquier militante que dañe la imagen del PSOE.
Perjuicio de más de 400.000 euros
El fiscal cifra el presunto desfalco a las arcas municipales en más de 400.000 euros, un dinero que se habría pagado por metros cúbicos de agua no suministrada durante los últimos siete años.
La Fiscalía basa su acusación en la caída repentina de las facturas tras la salida de Medina y Padrón en diciembre de 2022, cuando el nuevo equipo municipal detectó graves irregularidades en los contadores y las facturas de justificación del gasto.
La investigación continúa, pero el marco ético del PSOE ya marca el terreno: si el juez da el paso de abrir juicio oral, Inmaculada Medina no podrá seguir en su cargo.