El abandono sigue marcando la vida en el Risco de San Nicolás. / AH
El abandono sigue marcando la vida en el Risco de San Nicolás. / AH

El Risco de San Nicolás se planta contra las 56 viviendas junto al Juan Carlos I

Los vecinos del Risco de San Nicolás denuncian el olvido del Ayuntamiento y exigen cumplir el Plan Especial de 2023, que prioriza rehabilitar el barrio desde dentro

Alberto Ley

Los vecinos del Risco de San Nicolás sienten que la historia vuelve a pasarles por encima. Tras seis años participando en el Plan Especial aprobado en 2023, que apostaba por rehabilitar el barrio desde dentro, se enfrentan ahora a un proyecto que prevé levantar 56 viviendas junto al Hospital Juan Carlos I. “Al Ayuntamiento le pedimos reunión desde marzo y seguimos sin respuesta”, lamenta Agustín Suárez, presidente de AmiRisco, la asociación sociocultural Amigos y Amigas del Risco.

Un "error" de ubicación

La asociación sostiene que no se trata solo de una cuestión vecinal, sino de ciudad. “Ese solar está junto al hospital, al Mirador de Punta Diamante y al Castillo de San Francisco, todos con vocación patrimonial y cultural”, advierte Suárez. “Encajar allí una urbanización densificará el tráfico en un entorno sin aparcamientos y con accesos limitados”.

El representante vecinal subraya que la construcción tendría un impacto visual evidente sobre la fachada histórica de Las Palmas de Gran Canaria. “Si se quiere poner en valor el Castillo como museo o el Mirador como atractivo turístico, ¿dónde aparcarán visitantes y guaguas? No parece una decisión coherente para la ciudad”.

El Plan Especial de San Nicolás identificó solares vacíos y ruinas donde reubicar a quienes viven en infraviviendas. “Hay un solar de casi 2.000 metros cuadrados vacío, a pocos metros del hospital, y zonas como San Lázaro donde el propio plan prevé realojos”, recuerda Suárez. “Hay suelo suficiente para esas 56 viviendas de alquiler asequible y más”.

Un barrio bloqueado

Suárez recuerda que el plan anterior delimitó unidades de actuación que jamás atrajeron a promotores en 25 años y solo provocaron “deterioro bestial” al impedir que los propietarios obtuvieran licencias. “Esa experiencia demuestra que los vecinos pagan el precio cuando el urbanismo se plantea de espaldas al barrio”.

AmiRisco asegura que ha tocado todas las puertas sin éxito. “Defensa dijo que solo vendió el terreno. Vivienda contestó con un informe muy legalista, sin atender a razones sociales ni culturales”, resume Suárez. “El Cabildo y el Gobierno canario se lavaron las manos, y el Ayuntamiento ni siquiera nos ha recibido”.

La asociación insiste en que no se opone a la vivienda pública, pero pide que se ubique con criterio. “Rehabilitar desde dentro es la oportunidad de coser el barrio, no de desbordarlo con cemento”, recalca su presidente.

La movilización sigue

AmiRisco ha puesto en marcha una campaña de firmas y no descarta acudir a los tribunales. “Llevamos décadas reclamando dignidad para el Risco”, concluye Suárez. “Este es un debate de modelo de ciudad y aún estamos a tiempo de tomar la decisión correcta”.