Vivir de alquiler con el salario mínimo en el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria ya no es solo difícil, sino que es prácticamente imposible, según el estudio académico Living on the Edge: The Precariat Amid the Rental Crisis in the Metropolitan Area of Las Palmas de Gran Canaria, elaborado por investigadores de la ULPGC.
El estudio, que analiza barrio por barrio el esfuerzo económico necesario para pagar una vivienda en alquiler, muestra que menos de un 1% de los barrios de la capital son asequibles para una persona que cobre el SMI. Y estas zonas se tratan de las más alejadas de la costa, vulnerables y con fuerte presencia de vivienda social.
Crisis del alquiler
En 2022, cuando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era de 1.166 euros brutos mensuales, solo el 0,87% de las secciones censales del área metropolitana eran asequibles en vivienda colectiva — bloques de pisos o edificios de varias plantas —, y el 4,88% en vivienda unifamiliar — chalets o casas terreras —-.
Pero el escenario ha empeorado. Tras actualizar los precios hasta 2025 con la evolución real del mercado, el estudio advierte de que ya no queda ni una sola sección censal asequible en vivienda colectiva para quien cobra el SMI.
¿Dónde es afrontable?
El estudio no ofrece un listado cerrado de barrios “asequibles”, porque la realidad es que casi ninguno cumple el criterio legal de que el alquiler no supere el 30% del salario. Sin embargo, sí identifica un patrón territorial claro.
Las zonas donde el alquiler resultaba más accesible eran áreas con fuerte presencia de vivienda social, sectores de autoconstrucción, barrios periféricos alejados de la costa y zonas históricamente vulnerables. Entre los barrios que concentran rentas más bajas y menor presión inmobiliaria se citan Las Rehoyas, Jinámar o Schamann.
Eso no significa que el alquiler sea barato, sino que son los lugares donde el esfuerzo económico, aun siendo muy elevado, es algo menor que en el resto del territorio.

Barrios fuera del alcance
El contraste es claro entre barrios. En el otro lado de la balanza, se encuentran las zonas costeras y los barrios revalorizados, que quedan fuera del alcance de quien percibe el salario mínimo, como son Las Canteras, Avenida Marítima, La Minilla, Altavista, 7 Palmas y Ciudad del Campo.
El estudio señala también ejes especialmente tensionados como el corredor de Ciudad Baja (Triana–Vegueta–Mesa y López), las nuevas periferias como Las Torres–La Minilla e, incluso, fuera de la propia capital, la costa de Telde o las zonas colindantes de Santa Brígida.
Más del 100% del sueldo
En estos puntos de la ciudad, el alquiler puede suponer más del 75% del salario mínimo. E incluso, según el dato más extremo del informe que refleja hasta qué punto se ha desbordado el mercado, en algunas zonas el coste medio supera el 100%.
Y este porcentaje varía dependiendo del tipo de vivienda. Si en uno de estos barrios se vive en un edificio de pisos, el esfuerzo económico puede alcanzar el 103,76% del SMI, y en el caso de que se trate de un adosado o similar puede ser hasta el 108,68%. Es decir, ni destinando todo el sueldo sería posible pagar la renta.
Una ciudad fragmentada
El trabajo concluye que el mercado del alquiler está generando una fragmentación urbana cada vez más marcada. Mientras que la costa, los barrios con servicios y las zonas revalorizadas se consolidan como espacios inaccesibles para las rentas bajas, la población con menores ingresos se concentra en sectores periféricos y de menor calidad residencial.
Ahora el problema no solo atraviesa a las personas desempleadas, sino que se extiende incluso a las personas que trabajan. Por ello, los investigadores hablan de un “precariado residencial”: trabajadores con empleo que, aún cobrando el salario mínimo, no pueden acceder a una vivienda sin comprometer su estabilidad económica.
El estudio deja así una pregunta incómoda, pero clara. Si con un salario establecido, como es el SMI, ya no se puede alquilar en casi ningún barrio, ¿qué margen real queda para que la población más joven se pueda emancipar o no se creen barrios periféricos y vulnerables — ya existentes — dentro de la capital grancanaria?