El complejo de alquiler vacacional Flying La Palma, que ha sido embargado de manera preventiva en el caso Valka, genera a su propietario más de 12.000 euros mensuales, según cálculos realizados a partir de las facturas intervenidas por la Guardia Civil.
El dueño del negocio turístico es Miguel Ángel Padrón, funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con 15 años al frente de Parques y Jardines hasta su cese en 2020.
Padrón es investigado por cohecho y blanqueo junto al empresario Felipe Guerra, quien, en mayo 2019, concedió un préstamo personal de 430.000 euros al funcionario para construir los apartamentos.
Indicios
El magistrado Rafael Passaro y el fiscal Javier Rórdenas consideran que el préstamo esconde el pago de sobornos a cambio de contratos municipales, entre ellos una adjudicación de 750.000 euros otorgada en las mismas fechas a la empresa Guerra Patrimonial.
Por eso, para evitar que el funcionario se siga beneficiando de una supuesta actividad delictiva, el Juzgado de Instrucción número 2 ha promovido el embargo preventivo del negocio, con la finalidad de que sus ingresos sean gestionados por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un órgano del Ministerio de Justicia que se encarga de localizar, recuperar, conservar y administrar los bienes o las ganancias procedentes de las actividades delictivas.
Rendimientos
Los detalles patrimoniales que maneja la Guardia Civil revelan el alto rendimiento del negocio. El complejo consta de cuatro viviendas totalmente equipadas para alquiler vacacional, además de garajes, trasteros e instalación para funcionar con energía solar.
La estancia por día, con la limpieza incluida, es de 104 euros. El potencial de ingresos, por tanto, es notable: en el escenario de una ocupación plena, la explotación turística de estas propiedades generaría más de 400 euros diarios (4 viviendas x 100 €/día).
Esto se traduce en una capacidad máxima superior a los 12.000 euros mensuales (400 €/día x 30 días), lo que dota al inmueble de una gran rentabilidad.
El inmueble está situado en Los Llanos de Aridane, un municipio palmero con dificultades para encontrar vivienda y un gran impacto turístico. El complejo, además, incluye cinco plazas de garaje y cuatro trasteros, que añaden un valor significativo al conjunto y que podrían ser objeto de explotación o alquiler adicional.
Sanciones y embargos
El ORGA se encargará de garantizar la operatividad y la rentabilidad del complejo para maximizar los recursos obtenidos hasta que finalice el proceso judicial, privando a Padrón de esos ingresos.
El funcionario también ha sido suspendido tres años de empleo y sueldo por el Ayuntamiento. Recursos Humanos lo castiga por una falta muy grave porque ocultó sus relaciones empresariales con Guerra e incumplió el régimen de incompatibilidades. Ambos tenían a medias la sociedad Esvertical.
Tampoco comunicó la existencia del préstamo personal, lo que compromete su imparcialidad como jefe de servicio en los contratos municipales adjudicados a Guerra Patrimonial, como el de 750.000 euros, de cuya redacción y ejecución se encargaba el propio Padrón.