El sistema para derivar menores no acompañados desde Canarias, Ceuta o Melilla al resto de comunidades ha entrado en vigor este jueves, en una nueva jornada de enfrentamiento político entre el PP y el Gobierno, ahora por el aviso de que las autonomías están obligadas por ley a asumir la acogida.
Canarias y Ceuta y Melilla —dos ciudades autónomas gobernadas por el PP— han pedido ya formalmente la contingencia migratoria extraordinaria, que debe declarar el Ejecutivo, para derivar a los menores que acogen actualmente y a los que lleguen a partir de septiembre, en un plazo de quince días.
Reforma legal y reparto
Tanto Canarias, donde cogobierna el PP con Coalición Canaria, como Ceuta, gestionada por los populares, han exigido y respaldado la reforma de la Ley de Extranjería que establece un reparto obligatorio de los menores migrantes entre todas las comunidades, tras años desbordadas. Cumplen, como Melilla, con el requisito fijado: acoger el triple de menores de lo que les correspondería.
A este mecanismo, por el que se derivará a 3.000 menores migrantes y a los que lleguen a partir de septiembre, se opone el PP, que votó en contra de la reforma legislativa, junto a diez comunidades gestionadas por este partido que han recurrido al Tribunal Constitucional, así como Castilla-La Mancha, presidida por el PSOE.
El PP habla de amenazas
Este jueves, las críticas del PP han protagonizado el debate, mientras el Gobierno pide que no pongan excusas. Los populares consideran una “amenaza” el aviso reiterado del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre que si las comunidades no cumplen con la acogida “tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación”.
Esa posibilidad aparece recogida en el decreto del 22 de julio, que establece el protocolo para la acogida de menores y señala que si una comunidad se niega a recibir a un menor, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a las fuerzas de seguridad, que lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
Custodia y rechazo
En el momento en que el menor es trasladado, la comunidad autónoma de destino tendrá asignada su tutela y custodia, tras un procedimiento en el que puede presentar alegaciones.
El PP considera, sin embargo, que el Gobierno amenaza a los Gobiernos autonómicos populares y que la policía y la Guardia Civil deberían emplearse para controlar fronteras y luchar contra las mafias ilegales. Para su secretario general, Miguel Tellado, esta “amenaza” es propia de cualquier régimen, “menos de una democracia”.
Galicia y Baleares
También la Xunta de Galicia ha hablado de amenazas, insultos e intimidación.
Pese a las críticas, el PP ha sostenido que sus comunidades autónomas cumplirán la ley, al tiempo que ha reprochado al Gobierno que esté cumpliendo a cuentagotas con la acogida de un millar de menores solicitantes de asilo que le ordenó el Tribunal Supremo.
Reubicaciones y excepciones
Los populares siguen denunciando que el sistema no es equitativo porque no se derivarán menores a País Vasco ni Cataluña, un reproche al que se ha sumado Melilla. Sin embargo, los criterios son iguales para todas las comunidades, y estas dos autonomías han quedado fuera de la reubicación porque su esfuerzo previo ha sido mayor, según ha recordado el Gobierno.
Destaca además la posición adoptada por Baleares, que se plantea pedir la contingencia migratoria aunque no cumpla el criterio de triplicar la acogida que le corresponde, y que también anunció que buscará frenar cautelarmente las reubicaciones a través del Tribunal Supremo.
Vox endurece su discurso
Pese a la presión migratoria creciente, Baleares solo dispone de 72 plazas específicas para menores migrantes, el 17,7 % de las 406 que debería tener según la nueva regulación del Gobierno, que fija 32,6 por cada 100.000 habitantes.
Por otra parte, Vox, que rompió los gobiernos autonómicos que compartía con el PP por la acogida de menores, ha endurecido en las últimas horas su discurso y su presidente, Santiago Abascal, ha sostenido que se debería hundir el buque de la ONG Open Arms, atracado en Santa Cruz de Tenerife, al que ha calificado de “barco de negreros”.
Sus afirmaciones son propias de un “auténtico fascista”, ha replicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.