El Acuerdo de Legislatura entre el PSOE y Coalición Canaria, firmado en noviembre de 2023 para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, incluía una condición política clara: la asunción íntegra de la denominada Agenda Canaria y la ejecución total de las enmiendas de CC a los Presupuestos de 2023, entre ellas la partida de 100 millones para la reconstrucción de La Palma. Ese documento, breve pero políticamente vinculante, fijaba además una hoja de ruta concreta en materias estructurales como financiación autonómica, REF, Estatuto, migración, infraestructuras y competencias.
Dos años después, el balance de los incumplimientos es ya visible en varios de los pilares centrales del acuerdo.
Financiación autonómica
Uno de los compromisos más explícitos del pacto establecía que en un plazo máximo de dos años se debía implantar un nuevo modelo de financiación autonómica, que garantizara la suficiencia financiera de los servicios públicos esenciales y, de forma expresa, que los recursos del REF quedaran totalmente al margen del sistema de financiación general.
Ese plazo ya se ha agotado sin que exista ningún nuevo modelo aprobado, ni en tramitación parlamentaria, ni siquiera con una propuesta consensuada entre el Estado y las comunidades autónomas. El sistema vigente sigue siendo el mismo que antes del pacto, mientras Canarias continúa denunciando infrafinanciación estructural en sanidad, educación y servicios sociales.
Este punto constituye uno de los incumplimientos más evidentes del acuerdo, porque no se trata de un desarrollo parcial o interpretativo: el compromiso estaba fechado en el tiempo y ese plazo se ha agotado sin resultado.
La Palma
El acuerdo obligaba al Estado a ejecutar las enmiendas de 2023, incluyendo los 100 millones de euros para el Plan de Recuperación de La Palma. Esa transferencia sí se materializó ese año, pero el propio espíritu del pacto y los compromisos políticos posteriores vinculaban esa aportación a un esfuerzo sostenido en el tiempo para culminar la reconstrucción.
Sin embargo, no existe a día de hoy ninguna garantía formal de continuidad de esas aportaciones, ni un marco plurianual estable aprobado por el Estado. Parte del proceso de indemnización ha tenido que ser afrontado con recursos propios de la Comunidad Autónoma, lo que evidencia que el esfuerzo financiero estatal no se está sosteniendo con la intensidad inicialmente comprometida.
Desarrollo del Estatuto y transferencias
La Agenda Canaria obligaba al Estado a completar las transferencias previstas en el Estatuto de Autonomía a través de los mecanismos bilaterales. Aunque la competencia de Costas fue asumida formalmente por Canarias, su aplicación real ha generado conflictos, inseguridad jurídica y enfrentamientos competenciales con el propio Estado.
No se ha producido una culminación ordenada y pacífica del bloque de transferencias pendientes, ni existe un calendario público cerrado de traspaso de los ámbitos aún por desarrollar, lo que sitúa este punto del acuerdo en una zona de cumplimiento incompleto.
Migración
El pacto incluía una referencia directa a la corresponsabilidad del Estado en la gestión del fenómeno migratorio, con especial atención a los menores no acompañados. Aunque se han impulsado cambios normativos, la realidad es que Canarias sigue soportando en solitario la mayor presión asistencial del sistema, sin que se haya articulado un mecanismo estable, automático y plenamente operativo de derivación entre territorios.
Las tensiones entre administraciones, los debates jurídicos sobre la tutela y la resistencia de otras comunidades han dejado en evidencia que la solución estructural comprometida en la Agenda Canaria sigue sin materializarse plenamente.
Inversiones e infraestructuras
La Agenda también recogía el compromiso de garantizar inversiones estatales en infraestructuras, vivienda y transportes, pero no existe a día de hoy un programa específico, nominativo y trazable que pueda identificarse como desarrollo directo de ese acuerdo político.
Las inversiones que llegan a Canarias lo hacen, en su mayoría, a través de marcos generales estatales o europeos, sin que pueda hablarse de una ejecución diferenciada de la Agenda Canaria, tal como se comprometió en el pacto político.
Mesa de seguimiento
El propio sentido del acuerdo exigía un mecanismo de seguimiento político entre el Estado y Coalición Canaria para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos. Esa mesa no se ha convocado formalmente, lo que impide un control conjunto, transparente y documentado del desarrollo real de la Agenda Canaria.
Pacto vigente, compromisos sin ejecutar
El acuerdo de investidura entre PSOE y CC no era un simple gesto político, sino un documento con obligaciones concretas, plazos y ámbitos perfectamente definidos. Dos años después, los compromisos más estructurales —financiación autonómica, reconstrucción sostenida de La Palma, migración, desarrollo completo del Estatuto y marco de inversiones específico— siguen sin resolverse.
En este contexto, la Agenda Canaria permanece formalmente viva, pero materialmente estancada en sus elementos esenciales, lo que sitúa al Gobierno de España ante un escenario claro de incumplimientos políticos respecto al pacto que hizo posible su investidura.