El juzgado de instrucción número 2 de La Laguna no ha apreciado ningún indicio de delito en una querella contra el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y cuatro concejales del PSOE, interpuesta por un concejal no adscrito a la que adhirieron ediles de Coalición Canaria, entre ellos su portavoz municipal, Jonathan Domínguez.
El auto repasa numerosos decretos de adjudicación de contratos que, según los querellantes, se repartían entre parientes, amistades o parejas sentimentales, y concluye que ninguna de esas acusaciones ha quedado acreditada, o incluso responden a fabulaciones, por lo que se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, ante lo que cabe recurso.
"La praxis administrativa no ha sido desviada en ninguno de los contratos suscritos ni en los respectivos decretos", sostiene el auto de la magistrada María Celia Blanco, que además especifica que en ninguno de esos expedientes aparece la firma del alcalde.
Red clientelar
La querella partió de Alfredo Gómez, elegido por Ciudadanos y que pasó a ser no adscrito, y se adhirieron Francisco José Hernández y Jonathan Domínguez, de Coalición Canaria. En la misma se acusaba al alcalde y a los concejales del PSOE Yaiza López Landi, Alejandro Marrero, Carla Cabrera y Badel Albelo de mantener "una red clientelar" para adjudicar contratos a dedo a partir de vínculos familiares, de amistad o de pareja.
El auto constata que los antecedentes de la querella son confusos, porque se atribuyen relaciones inciertas, como que el padre de Alejandro Marrero es propietario de una empresa de pinturas a la que se adjudican contratos, cuando no lo es, que el hermano de Yaiza López es administrador de empresas beneficiadas, algo incierto, o que se contrata como cantante a un primo del alcalde cuando en realidad es primo de su madre y cuenta con una larga trayectoria musical.
Respecto a la amistad entre los ediles querellados Luis Yeray Gutiérrez, Yaiza López, Carla Cabrera y Badel Albelo, que ellos reconocen, la magistrada la ve lógica porque comparten ideas políticas, estudios, edad y círculos en La Laguna, de manera que eso no presupone ninguna actuación delictiva.
No hay prevaricación
El auto pasa a examinar los contratos en los que participan los ediles socialistas, que según los querellantes son presuntamente delictivos, y constata que el alcalde no ha firmado ninguno de ellos y en todo caso su relación de amistad con la administradora de una empresa que se le atribuye ni ha quedado acreditada ni "hace imaginar" que le haya llevado a prevaricar.
Los numerosos decretos de adjudicación de contratos firmados por los demás ediles querellados que examina la magistrada recogen propuestas de los técnicos y funcionarios, y cuando en algunas casos se recogen reparos por posible fraccionamiento por parte de Intervención, esas observaciones son tenidas en cuenta y se corrigen los expedientes, de modo que al final todos los informes son favorables.
En la querella se acusa al concejal Badel Albelo de contratar a una cantante, su pareja sentimental, y a un amigo músico para múltiples eventos, pero la magistrada señala que no hay ningún contrato directo para ellos y que en todo caso eran trabajadores de empresas de espectáculos que suscribieron contratos con el Ayuntamiento.
Los expedientes, destaca el auto, cuentan con ofertas de varias empresas, tienen informes favorables de los funcionarios y técnicos y no hay fraccionamientos. En los casos en los que había visos de ese fraccionamiento fueron revisados y corregidos.