La política tiene una crueldad que no entiende de trienios, servicios prestados ni fotografías acumuladas en las paredes de una sede. Durante 18 años, Astrid Pérez gobernó el Partido Popular de Lanzarote con una autoridad difícil de encontrar en una organización insular de cualquier sigla en Canarias. Antes había dedicado otro lustro a conocer sus tripas desde la secretaría de Organización. Más de dos décadas entre las costuras del partido conceden tiempo suficiente para aprender dónde están todos los botones. El problema llega cuando uno cree que podrá seguir pulsándolos después de abandonar la habitación.
Eso es, en buena medida, lo que ha ocurrido en Lanzarote. Pérez había decidido no presentarse de nuevo a la presidencia insular y su salida podía haberse administrado como suelen administrarse estas cosas en los partidos: agradecimientos, fotografías, un congreso ordenado y un sucesor convenientemente bendecido. En lugar de eso, el PP canario ha decidido intervenir la organización y entregar provisionalmente sus riendas a una Comisión de Gobierno Transitoria. Una gestora. El eufemismo orgánico para explicar que, cuando un partido ya no consigue arreglar sus problemas dentro de casa, alguien tiene que entrar desde fuera con las llaves.
La crisis no nació esta semana. Ni siquiera este año. Lo que ha sucedido ahora es que las grietas han dejado de poder disimularse. Durante demasiado tiempo convivieron bajo el mismo techo una presidenta acostumbrada a mandar, dirigentes que empezaron a descubrir que podían caminar sin pedir permiso y una dirección regional preocupada por llegar a 2027 sin convertir Lanzarote en una guerra de trincheras. El intento de ordenar la sucesión terminó provocando exactamente aquello que pretendía evitar.
El viejo poder
Para comprender la caída hay que regresar a 2023. Las elecciones autonómicas, insulares y municipales modificaron el tablero político canario y también el pequeño ecosistema del PP conejero. Pérez dejó la Alcaldía de Arrecife para convertirse en presidenta del Parlamento de Canarias. El bastón de mando de la capital quedó en manos de Yonathan de León y el PP entró en el gobierno del Cabildo presidido por Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria.
Aquella arquitectura respondía al acuerdo general entre PP y CC que llevó a Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno de Canarias y a Manuel Domínguez a la vicepresidencia. En Lanzarote, sin embargo, Pérez tenía otros planes. Su intención pasaba por mantener los entendimientos con el PSOE de Dolores Corujo tanto en Arrecife como en el Cabildo, pero la estrategia regional se impuso y los populares conejeros tuvieron que acomodarse a los pactos con los nacionalistas.
La solución encontrada para Pérez tenía suficiente altura institucional como para amortiguar el golpe. La presidencia del Parlamento la situaba en uno de los puestos más relevantes de la Comunidad Autónoma y, al mismo tiempo, permitía despejar el tablero lanzaroteño. Pero Santa Cruz de Tenerife está lo bastante lejos de Arrecife como para que el poder cotidiano empiece a cambiar de manos mientras quien lo ejercía mira hacia otro lado. Pérez confió en que podría conservar el control orgánico desde la distancia. Ahí empezó a equivocarse.
Los herederos
Yonathan de León no era un intruso. Había crecido políticamente bajo el paraguas de la propia Pérez. Pero una alcaldía proporciona algo que ningún cargo interno puede fabricar: escaparate, agenda, presupuesto y capacidad para construir un liderazgo propio. Mientras la presidenta insular pasaba buena parte de su tiempo en el Parlamento, el nuevo alcalde comenzó a ocupar un espacio político que hasta entonces había tenido una propietaria indiscutible.
Algo parecido ocurrió con Jacobo Medina. Convertido en vicepresidente del Cabildo, acumuló visibilidad y peso institucional. El problema para Pérez no era únicamente que surgieran dirigentes con futuro. Era que esos dirigentes empezaban a disponer de presente.
Las relaciones se deterioraron hasta desembocar, en enero de 2025, en el episodio que hizo visible fuera de las paredes del partido una pelea que llevaba tiempo creciendo dentro. Medina perdió la vicepresidencia del Cabildo a petición del PP y María Jesús Tovar ocupó su lugar. Dos meses después llegó el segundo golpe: Pérez lo destituyó también como secretario general de la organización insular y volvió a promocionar a Tovar.
El primer motín
Apartar a Medina de dos puestos relevantes debía servir para reafirmar la autoridad de Pérez. El resultado fue bastante menos limpio. El relevo provocó contestación dentro del Comité Ejecutivo, dirigentes del partido cuestionaron públicamente la operación y el conflicto alcanzó a Nuevas Generaciones. Por primera vez resultaba evidente que una orden de la presidenta podía ejecutarse y, al mismo tiempo, erosionar su poder.
Aquello fue más que una pelea personal. El PP de Lanzarote cuenta con siete comités locales y el malestar se había extendido por una organización acostumbrada durante casi dos décadas a una estructura vertical. Pérez seguía conservando la presidencia y capacidad para tomar decisiones, pero una cosa es mandar y otra bastante distinta conseguir que los demás acepten sin discusión que uno tiene derecho a hacerlo.
Ahí está probablemente la frontera que separa el poder de la autoridad. Pérez aún disponía del primero. La segunda comenzaba a resquebrajarse.
El ascenso de De León añadía otro ingrediente. El alcalde de Arrecife había llegado al cargo desde el mismo equipo político de Pérez, pero ya no necesitaba vivir exclusivamente de aquella tutela. Su posición institucional le concedía margen propio y las diferencias internas dejaron de poder explicarse simplemente como la rebelión de Jacobo Medina. Había algo más profundo en marcha: el PP lanzaroteño empezaba a preguntarse cómo sería el partido después de Astrid Pérez.
Mirando a 2027
Y esa pregunta conduce inevitablemente a 2027. Las guerras orgánicas rara vez son discusiones filosóficas. Detrás de los estatutos, los congresos y las apelaciones a la unidad suele encontrarse algo bastante más terrenal: quién confecciona las candidaturas.
Controlar el PP de Lanzarote durante los próximos meses significa tener capacidad de influencia sobre las listas al Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla. Significa decidir quién asciende, quién continúa y quién descubre que tantos años de servicio no garantizan necesariamente un buen puesto cuando llega el momento de imprimir las papeletas.
La sucesión de Pérez era, por eso, bastante más importante que encontrar a alguien dispuesto a ocupar su despacho. Había que determinar quién heredaría realmente el poder construido durante 18 años.
Pérez anunció que no aspiraría a otra reelección. Pero renunciar a presentarse no significaba renunciar a participar en la elección del heredero. Y ahí apareció José Valle.
El hombre puente
El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa reunía varias características difíciles de encontrar entre los dirigentes enfrentados. Procedía del mundo empresarial, mantenía relaciones con diferentes sensibilidades políticas y no arrastraba las heridas de las batallas internas del PP. Su nombre permitía presentar como renovación lo que también podía convertirse en una transición controlada.
Valle aceptó inicialmente dar el paso. Su candidatura comenzó a manejarse como una solución de consenso y llegó a trabajarse con la posibilidad de celebrar el congreso insular a finales de este año. Manuel Domínguez había participado en las conversaciones para convencerlo y Pérez podía contemplar una sucesión en manos de alguien que no pertenecía a ninguno de los focos internos que habían cuestionado su autoridad.
Sobre el papel, la operación tenía sentido. Sobre el terreno, duró bastante menos.
Valle no estaba dispuesto a limitarse a interpretar el papel que otros hubieran escrito para él. Tampoco vio claro asumir previamente el desgaste de dirigir una gestora concebida para limpiar la organización antes de llegar al congreso. Y cuando su nombre salió a la luz, la resistencia interna terminó de aflorar. Dirigentes y comités que llevaban tiempo acumulando agravios comenzaron a cuestionar abiertamente cómo se estaba preparando la sucesión.
La rebelión
La paradoja tiene cierta perfección política: el candidato elegido para coser el partido terminó dejando a la vista todas sus costuras.
La sucesión que debía demostrar que Pérez todavía conservaba capacidad para ordenar el futuro del PP terminó certificando justamente lo contrario. La Junta Directiva Insular prevista para poner en marcha el proceso congresual se suspendió y el problema dejó de ser exclusivamente lanzaroteño. Manuel Domínguez tuvo que intervenir.
La dirección regional decidió recurrir a una Comisión de Gobierno Transitoria. Traducido del idioma de los estatutos: la ejecutiva insular pierde el control y el PP canario toma las riendas hasta que pueda reconstruirse una dirección estable.
Ese es el verdadero alcance de lo sucedido. Astrid Pérez no ha perdido unas elecciones internas. Ni siquiera necesitaba ganarlas porque había anunciado que no concurriría. Ha perdido algo políticamente más significativo: la capacidad de decidir cómo termina la era de Astrid Pérez.
Último pulso
Durante 18 años construyó un liderazgo excepcionalmente largo para la política lanzaroteña. Admiradora de Margaret Thatcher, gobernó el PP con mano firme, sobrevivió a cambios de dirección regional y nacional y vio pasar generaciones de dirigentes mientras ella permanecía. Esa longevidad explica su fortaleza, pero también ayuda a comprender la violencia política del desenlace. Cuanto más se identifica una organización con una persona, más difícil resulta separar ambas cosas cuando llega la sucesión.
Pérez quiso escoger la puerta de salida y conservar influencia sobre lo que quedara detrás de ella. Pero el partido que había dirigido durante casi dos décadas ya no era exactamente aquel partido. De León había construido su propio espacio desde Arrecife; Medina había sobrevivido políticamente a su doble destitución; Tovar había acumulado responsabilidades; los comités locales habían perdido el miedo a expresar sus discrepancias y Manuel Domínguez necesitaba impedir que la batalla orgánica contaminara la preparación electoral de 2027.
Queda por resolver qué papel desempeñará José Valle, quién asumirá el mando de la gestora y qué equilibrio establecerá la dirección regional entre las distintas sensibilidades. También está por ver el futuro político de Pérez. Su presidencia del Parlamento la mantiene en uno de los vértices institucionales de Canarias y durante los últimos meses han circulado distintas posibilidades sobre una futura candidatura a las Elecciones Generales —ya sea para el Congreso o para el Senado—. También se han publicado versiones sobre aproximaciones de Vox que, mientras no exista confirmación de las partes, deben permanecer exactamente donde están: en el terreno de las especulaciones.
Después de Astrid
La gran incógnita, sin embargo, ya no es qué hará Astrid Pérez. Es qué hará el PP de Lanzarote sin Astrid Pérez. Durante años ambas preguntas fueron prácticamente la misma. Ya no.
La rebelión que ahora obliga a intervenir al PP canario no se explica por una conspiración repentina ni por una discusión de última hora alrededor de José Valle. Es el resultado de una lenta emancipación política: dirigentes que crecieron, cargos públicos que adquirieron autonomía, comités que comenzaron a discutir las decisiones y una presidenta que descubrió demasiado tarde que la autoridad no se transmite por herencia ni se conserva únicamente porque todavía figure el mismo nombre en el organigrama.
Pérez deja la presidencia insular después de 18 años. Pero la verdadera caída ocurrió antes. Sucedió cuando quienes habían aprendido a hacer política bajo su mando descubrieron que ya podían hacerla sin pedirle permiso.
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