La salida del canario Alberto Rodríguez del Congreso de los Diputados en otoño de 2021 vuelve a situarse en el centro del debate político nacional. Esta vez no por la batalla jurídica que enfrentó al Tribunal Supremo, al Congreso y a Unidas Podemos, sino por su aparición en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las actividades atribuidas a Leire Díez, conocida mediáticamente como la presunta fontanera del PSOE.
La documentación incorporada a la investigación sitúa el caso del exdiputado tinerfeño como uno de los acontecimientos que determinados integrantes del entorno analizado por los investigadores consideraban favorable para reforzar un relato de confrontación entre el poder judicial y determinados sectores de la izquierda política.
El origen del conflicto
Según recoge el informe policial, una conversación intervenida en octubre de 2021 entre Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset refleja que ambos seguían con atención la crisis institucional abierta por la pérdida del acta parlamentaria de Rodríguez. El intercambio se produjo precisamente en los días en que el enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y la Presidencia del Congreso alcanzaba su máxima intensidad.
El origen de aquel conflicto se encuentra en la condena impuesta al entonces diputado de Unidas Podemos por un delito de atentado a agente de la autoridad. La sentencia incluía una pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo. La interpretación de sus efectos sobre la condición de diputado abrió una controversia política y jurídica sin precedentes durante la legislatura.
La entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, solicitó aclaraciones al Supremo sobre el alcance de la resolución judicial. La respuesta del alto tribunal reafirmó la interpretación ya expresada en sus autos anteriores, lo que desembocó finalmente en la retirada del escaño al parlamentario canario.
Ruptura con Podemos
La pérdida del escaño marcó un punto de inflexión en la trayectoria política de Alberto Rodríguez. El dirigente tinerfeño, que había sido una de las figuras más relevantes de Podemos en Canarias y llegó a ocupar responsabilidades orgánicas en la dirección estatal del partido, acabó rompiendo con la formación morada tras el episodio que le apartó del Congreso.
La salida de Rodríguez de Podemos tuvo además consecuencias que trascendieron el ámbito estatal. Tras denunciar que no había recibido el respaldo esperado durante el proceso judicial y parlamentario que terminó con la retirada de su acta, el exdiputado impulsó un nuevo proyecto político de obediencia exclusivamente canaria. Aquella iniciativa cristalizó primero en Proyecto Drago y posteriormente en Drago Canarias, formación que actualmente lidera y que ha logrado hacerse un hueco en el panorama político del Archipiélago.
Aquella decisión, pese al tibio apoyo de la dirección nacional de Podemos hacia Alberto Rodríguez, además provocó una fractura entre los socios del Gobierno de coalición. Unidas Podemos denunció públicamente la actuación judicial y acusó al Supremo de exceder sus competencias. La entonces ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, llegó a cuestionar abiertamente la actuación de los magistrados, unas declaraciones que motivaron una respuesta institucional del Consejo General del Poder Judicial, que expresó su rechazo a las acusaciones lanzadas desde el Ejecutivo.
Interés de Leire Díez
Para los investigadores, el interés de Leire Díez por ese episodio no residía únicamente en la situación personal de Rodríguez, sino en el impacto político que generaba la confrontación entre instituciones. La UCO sostiene que, en aquellos meses, la exdirectiva de empresas públicas participaba en iniciativas orientadas a desacreditar actuaciones judiciales vinculadas a procedimientos que afectaban directa o indirectamente al PSOE.
La Guardia Civil vincula esa estrategia con la elaboración de documentos internos, la recopilación de información sobre distintas causas judiciales y la puesta en marcha de proyectos mediáticos destinados a cuestionar la actuación de jueces y fiscales. Dentro de ese contexto, el caso del exdiputado canario habría sido percibido como un ejemplo útil para alimentar la idea de una supuesta persecución judicial contra representantes políticos.
El fallo del Constitucional
La relevancia del asunto no terminó en 2021. En 2024, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso presentado por Alberto Rodríguez y concluyó que se habían vulnerado determinados derechos fundamentales durante el procedimiento que desembocó en la pérdida de su escaño. A raíz de esa resolución, el exparlamentario ha mantenido su reclamación ante el Congreso para obtener la compensación económica correspondiente a los salarios que dejó de percibir durante el resto de la legislatura.
Cinco años después de aquella crisis institucional, el nombre de Alberto Rodríguez vuelve así a aparecer en una investigación de gran impacto político. No como investigado ni como protagonista directo de las actuaciones que analiza la UCO, sino como una pieza más dentro del complejo tablero que los agentes atribuyen a la red de relaciones, contactos y estrategias desarrolladas alrededor de Leire Díez y de las causas judiciales que afectaban al entorno socialista.
La referencia al exdiputado canario incorpora además una dimensión política adicional para Canarias. Rodríguez se convirtió en uno de los dirigentes más reconocibles de la nueva izquierda surgida tras el ciclo del 15-M y su salida del Congreso fue interpretada por sus seguidores como un símbolo del choque entre poder político y poder judicial.
Ahora, aquel episodio reaparece en un contexto completamente distinto: el de una investigación que trata de determinar si determinadas personas utilizaron conflictos institucionales de alto impacto para erosionar la credibilidad de la Justicia y proteger intereses políticos concretos.