El caso Mascarillas vuelve a ser portada tanto en los medios de comunicación canarios como en los nacionales tras la primicia publicada en el diario Canarias7, en la que detalla, que la Fiscalía Europea ha levantado el secreto de sumario sobre las actuaciones que se han realizado durante la investigación.
Uno de los nuevos investigados sería el empresario británico de origen jordano, Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, al que la Fiscalía Europea presuntamente atribuye la representación de la empresa Yilhal Import & Export que trajo a Canarias las mascarillas 3M.
Lo niega
Atlántico Hoy ha podido hablar en conversación telefónica con Al Sabbagh que ha negado categóricamente ser el dueño de la misma o trabajar para ella y lo atribuye a un error de la Fiscalía Europea. “Yo hice intermediario entre esa empresa y Rayco González (dueño de RR7), nada más”. Además, el ciudadano británico se ha mostrado tremendamente molesto porque asegura que ningún organismo judicial le ha informado de que está investigado ni que ha sido citado por la Fiscalía a declarar.
En una situación parecida se encuentran José Lucas Cruz y Samuel Machín. Este medio también ha mantenido sendas conversaciones telefónicas con ambos y se lamentaban de haber tenido que enterarse por la prensa de su nueva situación procesal.
Desconcierto
Tanto Cruz como Machín se han quejado a Atlántico Hoy, de que a pesar de sus intentos durante toda la mañana de este jueves, con llamadas a diferentes juzgados de Las Palmas, de que nadie les podía confirmar si efectivamente estaban siendo investigados e iban a ser citados a declarar, lo cual aseguran que les “está causando una grave indefensión”.
En noviembre de 2022, el juez que instruía el caso Mascarillas dictó un auto en el que traspasaba las diligencias a la Fiscalía Europea (FE), que había apelado a su derecho de avocación para tomar las riendas de la investigación al considerar que se habían utilizado fondos europeos para sufragar el contrato entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y RR7 United para la compra por 4 millones de euros de un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas. El caso le costó el puesto al director del SCS, Conrado Domínguez.