La situación generada por el rechazo del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados ha puesto en jaque la continuidad de la gratuidad del transporte público en Canarias. Sin embargo, tanto el Gobierno regional como los cabildos insulares trabajan intensamente para garantizar que los usuarios no se vean afectados.
María Fernández, directora general de Transportes y Movilidad, ha asegurado que existen vías para reconducir el escenario actual. Entre las posibles soluciones planteadas destaca la creación de un decreto específico que regule la gratuidad del transporte, desvinculándolo de otras medidas incluidas en el decreto ómnibus rechazado. "Tenemos margen de maniobra y no vamos a permitir que los canarios pierdan este derecho", afirmó.
Instrucciones
El impacto de esta decisión no es uniforme en todo el territorio nacional, y Canarias se encuentra entre las comunidades más afectadas, ya que había comprometido la gratuidad durante todo 2025. Fernández enfatizó que, aunque el problema afecta a todas las comunidades autónomas, en las islas el golpe es más significativo debido a la dependencia del transporte público como eje de movilidad.
Fernández destacó que los fondos de 2024, transferidos el pasado diciembre, ofrecen un respiro temporal, pero instó al Gobierno central a acelerar los trámites para garantizar que los recursos de 2025 lleguen a tiempo. "Estamos trabajando en coordinación con los cabildos y a la espera de instrucciones claras del Ministerio", explicó.
Golpe a las Islas
La Dirección General de Transportes y Movilidad de Canarias ha contactado con sus homólogos en Madrid para sondear si existía "alguna alternativa, plan", y ha pedido "fórmulas para enviar ese dinero y no perder la gratuidad" de los viajes en guaguas y tranvía. Y lo que les han trasladado sus interlocutores en el Ministerio es que están buscando la forma de mantener la gratuidad del transporte público "por todos los medios".
Sea como fuere, María Fernández ha enviado un "mensaje de calma" a los canarios y ha recordado que los fondos de 2024 para tal fin fueron transferidos el pasado 28 de diciembre.
Esta medida, implementada para aliviar la carga económica de los ciudadanos y fomentar el uso del transporte público, ha sido clave para miles de familias canarias. Por ello, las autoridades locales han insistido en que no escatimarán esfuerzos para encontrar soluciones que permitan mantener su gratuidad y evitar interrupciones en el servicio.