El último informe elaborado por la Audiencia de Cuentas, que fiscaliza la contratación pública de las administraciones de la Comunidad Autónoma, certifica que se cronifica la falta de una programación de la contratación, lo que supone un claro incumplimiento de la normativa. Esta situación afecta al 87,82% de los órganos de contratación, que además perpetúan el "efecto nocivo" de los contratos menores.
Así lo ha determinado la Audiencia en su informe de 2023 sobre la función de Prevención de la Corrupción y el seguimiento de la programación contractual en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus entidades y empresas dependientes. “El 87,82% de los órganos de contratación de la Administración Pública de la Comunidad continúa incumpliendo su obligación de programación de la contratación y su constancia en la publicidad activa de transparencia”, concluye el documento.
Ligera mejora, pero sin cambios estructurales
El porcentaje ha mejorado ligeramente respecto al ejercicio anterior. La Audiencia de Cuentas presentó el pasado diciembre en el Parlamento de Canarias el informe que analizaba la situación correspondiente a 2022. Entonces, solo el 7% de las administraciones autonómicas cumplía con la normativa.
Un año después, en el informe de 2023, que todavía recoge la situación del anterior Gobierno (PSOE, NC, ASG y USP), la tónica se mantiene prácticamente igual, sin avances estructurales relevantes en materia de planificación contractual.
Efecto nocivo de los contratos menores
En el primer punto de las conclusiones del informe, se señala que estas administraciones incumplen la normativa de contratos del sector público en relación con la transparencia y la inclusión de la contratación en los planes departamentales previstos en la normativa de dirección por objetivos.
Como consecuencia, “permanece el efecto nocivo de la formalización excesiva de contratos menores y de ejecución muy limitada del capítulo VI (inversiones)”, advierte la Audiencia de Cuentas.
Deficiencias incluso entre quienes cumplen
Para quienes sí cumplen, aunque de forma “muy limitada”, con la obligación de programar la contratación, la Audiencia de Cuentas identifica importantes “debilidades”. Entre ellas, que “no se programa con antelación, no se recogen todos los datos exigibles, no constan todos los centros directivos en las programaciones departamentales”.
Asimismo, añade que “la ejecución de las programaciones se aleja mucho de lo planificado, existiendo grandes diferencias entre lo programado y lo ejecutado”, lo que vacía de contenido la propia planificación.
El Servicio Canario de Salud, entre los más incumplidores
El informe pone nombre y apellidos a las consejerías más incumplidoras. En el caso del Servicio Canario de Salud (SCS), señala que “no ha subsanado las debilidades de programación de la contratación detectadas en el anterior informe”. Además, el SCS no ha adoptado un sistema de control para la ejecución ni ha realizado “ni una acción para garantizar que se programe la actividad de todos los órganos de contratación que la integran con una estructura común ni para que todos ellos publiquen su programación en la plataforma de contratación del sector público”.
El informe aclara que esta situación no se limita a la anterior legislatura. De hecho, señala que en 2024 el SCS mantuvo “los problemas preexistentes” y que “en 2025 aún no se ha producido su aprobación pública”. Asimismo, advierte de que “la ejecución de lo programado presenta elevadas desviaciones en algunos órganos de contratación”, lo que evidencia una falta de control continuada.
Otras consejerías con carencias reiteradas
La Audiencia de Cuentas señala también que la Consejería de Agricultura no ha corregido las debilidades ya detectadas y que en los años 2023 y 2024 sigue omitiendo la programación de algunos de sus órganos de contratación.
En cuanto a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, indica que, aunque en 2023 comenzó a programar su actividad contractual, lo hizo únicamente “respecto a un centro directivo y la unidad administrativa provisional, de forma insuficiente y tardía”, una situación que se reproduce en 2024 y 2025.
Programaciones incompletas y fuera de plazo
También continúan programando de forma incompleta la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, donde “constan sólo programaciones de su Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de forma independiente adecuándose a su marco competencial departamental”.
“Ambos centros directivos han continuado programando su contratación en 2024 y 2025 si bien fuera del plazo exigible y con carencias de contenido, y se realiza de forma plurianual”, concluye el informe.
Empresas públicas y entidades dependientes
Por su parte, el informe señala que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo programó su actividad contractual en 2023, pero “con debilidades respecto a la inclusión de los órganos de contratación y la información que debe constar sin que posteriormente se haya producido avances en la programación de 2024 y 2025”.
Respecto a las empresas públicas, solo Radio Televisión Canaria cumple “de forma suficiente”, mientras que Hecansa “se limita a publicar un simple listado de objetos contractuales sin más detalle”.
Sin mejoras significativas pese a las recomendaciones
En cuanto a las entidades independientes, el informe señala que, aunque algunas programan su actuación, también arrastran debilidades similares a las de las administraciones. La más grave es “la omisión de los importes de los contratos previstos en el Instituto Canario de Estadística y el Instituto Canario de la Vivienda”.
Finalmente, uno de los aspectos más destacados por la Audiencia de Cuentas es que, pese a que las administraciones manifiestan su conformidad con las conclusiones y recomendaciones del informe, la realidad es que “no se han detectado mejoras significativas en el cumplimiento de la obligación de programación contractual”.