El Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central han alcanzado un acuerdo clave para atender a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en las islas y han solicitado asilo, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que deben ser acogidos en los recursos estatales de protección internacional.
Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Ejecutivo canario, anunció este paso tras una reunión telemática con representantes de los ministerios de Inclusión, Infancia, Interior y Política Territorial, además de la Abogacía del Estado. Rodríguez calificó el compromiso como “muy positivo”, ya que permitirá avanzar en un problema que Canarias no puede seguir soportando sola.
827 registrados
El acuerdo contempla la creación de un comité interadministrativo, que se reunirá cada martes a partir de la próxima semana. Este órgano determinará la plaza más adecuada en el territorio español para cada menor, analizando cada expediente de forma individualizada bajo el principio del interés superior del menor. Excepcionalmente, algunos podrán permanecer en Canarias si así lo aconseja su situación personal.
Actualmente, de los cerca de 1.200 menores identificados, 827 están correctamente registrados en las bases de datos compartidas entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma. Sin embargo, aún hay 367 menores sin aparecer en el sistema del Estado, lo que obliga a una depuración de datos entre ambas administraciones.
250 traslados
Para la primera reunión del comité, se prevé tener listos 250 expedientes de menores que podrán ser trasladados "en cuanto el Estado nos diga adónde y en qué dispositivo transitorio", explicó Rodríguez.
La directora general también subrayó que "se ha estado exigiendo a Canarias documentación más allá de lo legalmente establecido", pero que el Estado ha reconocido ya los límites y se ha comprometido a no imponer más requisitos de los que marca la ley.
Al Supremo
Por último, Sandra Rodríguez garantizó que el Gobierno de Canarias seguirá defendiendo el derecho de los menores a una plaza de asilo en el sistema de protección internacional, un derecho que no depende del futuro reparto estatal por la reforma de la Ley de Extranjería.
“Este acuerdo se comunicará al Tribunal Supremo”, concluyó, junto a toda la información recopilada por Canarias sobre las dificultades y exigencias enfrentadas en este proceso.