Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. / DANIEL GONZÁLEZ-EFE
Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. / DANIEL GONZÁLEZ-EFE

Canarias y el Gobierno trabajan para dar una respuesta a los solicitantes de asilo en 30 días

En el último auto del Supremo, conocido la semana pasada, el Alto Tribunal urgía al Estado a acoger a los cerca de mil menores migrantes solicitantes de asilo que tutela en la actualidad la comunidad autónoma de Canarias

AtlanticoHoy / EFE

El Ejecutivo canario y el Gobierno central trabajan de manera conjunta con el objetivo de dar cumplimiento al auto dictado por el Tribunal Supremo en relación con los menores migrantes solicitantes de asilo, que establece que es el Estado quien debe darles respuesta, con el fin de que en un plazo de 30 días se pueda operar de forma efectiva.

Así lo ha señalado este lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que el presidente regional, Fernando Clavijo, ha dado cuenta a sus compañeros de la conversación que ha mantenido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Plazos fijados por el Supremo

En el último auto del Supremo, conocido la semana pasada, el Alto Tribunal urgía al Estado a acoger a los cerca de mil menores migrantes solicitantes de asilo que tutela en la actualidad la comunidad autónoma de Canarias, tal y como ya le ordenó el pasado 25 de marzo, advirtiéndole de posibles "medidas coercitivas".

El Tribunal ha instado al Gobierno de España a que en un plazo de 15 días garantice el acceso de estos menores a la red de acogida estatal para solicitantes de asilo y que, en máximo 30 días, adopte acciones para agilizar sus tramitaciones de protección.

Calendario conjunto de trabajo

En ese sentido, Cabello ha dicho este lunes que esa conversación entre Clavijo y Torres ha facilitado un calendario de trabajo conjunto con el que se espera poder dar cumplimiento a dicho auto en un plazo de 15 días y “trabajar de forma efectiva” en las tramitaciones de asilo de estos jóvenes en un plazo de 30 días.

El portavoz del Gobierno canario también ha apelado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para pedirle que “cumpla con su palabra” y declare la situación de contingencia migratoria en Canarias en materia de infancia, tal y como prometió en su reciente visita al archipiélago.

Críticas por la falta de avances

“Lo solicitamos hace bastantes meses y no sabemos por qué no lo ha hecho hasta ahora”, ha indicado Cabello, quien ha agregado que Rego tiene intención de comenzar las derivaciones antes de verano, momento en el que se espera un repunte en las llegadas con la calma del Atlántico, y que para ello cree “fundamental” adoptar esa declaración de contingencia.

Tanto este asunto como el de los menores solicitantes de asilo se encuentran, ha apuntado, “en el tejado del Gobierno del Estado”, por lo que es la administración central la que debe “cumplir con Canarias para dar solución a esta situación de emergencia migratoria tan grave”.

Reproche al bloqueo político

Preguntado sobre las conversaciones con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, respecto al auto del Supremo, anunciadas por Clavijo para esta semana tras la conferencia de presidentes del viernes pasado, Cabello no ha profundizado sobre cuándo será.

“Existe un calendario de reuniones, una conversación abierta, pero necesitamos que esas conversaciones se plasmen en documentos y realidades, y que comiencen las derivaciones de los niños y niñas no acompañados a otras regiones”, ha insistido.

La ley debe cumplirse

Tras tildar de “estrepitoso fracaso” esa Conferencia de Presidentes en Barcelona, al no haberse podido llegar a acuerdos para “los principales problemas que tienen los ciudadanos de todo el territorio nacional”, ha asegurado que el archipiélago acudió a la cita con “la tarea hecha”, pero que triunfó “el tacticismo político” sobre cualquier otra cuestión.

Y ha advertido: “La ley hay que cumplirla, y quien no la cumpla, que dé las explicaciones donde corresponda. Si alguna comunidad autónoma tiene algún problema, que lo recurra como han hecho algunas, y que sean los tribunales los que terminen de dirimir la situación, pero mientras tanto, que cumplan la ley”.