El Gobierno de España ha ofrecido al Ejecutivo canario un total de 650 plazas para acoger a menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo, pero desde Canarias se insiste en la necesidad urgente de activar todas las 1.290 plazas que establece la sentencia del Tribunal Supremo.
En concreto, se han puesto sobre la mesa 400 plazas definitivas en el Creade de Pozuelo de Alarcón (Madrid), destinadas a solicitantes de protección internacional, así como 250 plazas de tránsito en el cuartel Canarias 50, ubicado en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Este centro, que ya acogía a mujeres y familias con menores, será adaptado para dar atención temporal a los menores mientras se resuelve su derivación a la península.
Canarias 50
La directora general de Protección de la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, ha confirmado que la entidad social Engloba se hará cargo de la atención en el Canarias 50, pero que aún está pendiente su habilitación oficial, así como la adecuación de las instalaciones para comenzar a operar “de inmediato”.
El compromiso del Estado es dar salida progresiva a los menores migrantes que ya han pedido asilo y cuyo cuidado recae de momento exclusivamente en la comunidad autónoma. El colapso del sistema de acogida canario y el aumento constante de llegadas han hecho que el Gobierno autonómico reclame una solución estructural que reparta el esfuerzo entre todas las comunidades.
Paso intermedio
Rodríguez ha insistido en que las plazas anunciadas en Gran Canaria deben considerarse temporales, con el objetivo de facilitar un paso intermedio hacia plazas definitivas en la península, acordes al perfil y necesidades de cada menor.
Desde Canarias también se ha pedido claridad sobre el calendario y las condiciones de las plazas en Pozuelo para poder planificar los traslados con criterios técnicos. “No podemos improvisar con menores vulnerables. Es urgente avanzar con seguridad jurídica y coordinación real”, ha subrayado Rodríguez.
Reto prioritario
Con este movimiento, el Gobierno de España pretende dar cumplimiento a la orden del Supremo, pero Canarias advierte de que aún faltan más de 600 plazas por asignar. Para cubrir el déficit, se propone que el Estado abra nuevos centros o firme convenios con entidades sociales en otras comunidades.
La presión migratoria en el Archipiélago no da tregua, y la atención a menores se ha convertido en un reto prioritario para las instituciones públicas. Mientras se preparan nuevas derivaciones, el tiempo apremia para ofrecer una respuesta digna y coordinada a los menores que llegaron solos buscando refugio.