Las comunidades presididas por el PP —Madrid, Andalucía, Valencia, Islas Baleares, Castilla y León y Murcia— han reiterado este viernes su rechazo al nuevo mecanismo de reubicación de menores migrantes no acompañados, diseñado por el Gobierno central.
La postura de oposición fue trasladada durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid, en la que se abordó el real decreto que regula los traslados de estos menores. Allí también se aprobó una partida de 22 millones de euros destinada a las regiones más afectadas: Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) e Islas Baleares (2).
"Dotación irrisoria"
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, aseguró que su comunidad cumplirá con la legalidad, pero calificó el decreto como "inconstitucional". Además, calificó la dotación presupuestaria como "ridícula", ya que según sus cálculos, apenas representa 8 euros por menor y día.
Desde Baleares, el portavoz del Govern, Antoni Costa, también cargó contra la medida y pidió al Ejecutivo que ataje el “goteo constante” de pateras hacia el archipiélago.
Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, fue más allá y acusó al Gobierno de usar a los menores como "cortina de humo para desviar el debate de la corrupción" y realizar un reparto "sin medios ni sensibilidad".
Legalidad en entredicho
Desde Andalucía, la secretaria general de Familias, Concha Cardesa, lamentó que se quiera desarrollar un decreto cuando ya ha sido recurrido ante el Constitucional por once comunidades, lo que tildó de "inadmisible e imprudente".
En la misma línea se expresó Isabel Blanco, vicepresidenta de Castilla y León, quien adelantó que recurrirán también el reglamento por considerarlo una invasión de competencias autonómicas.
Zona afectada
También Aragón y Murcia se sumaron al rechazo. La consejera murciana, Conchita Ruiz, criticó que el Gobierno no reconozca a la región como zona afectada por la crisis migratoria y que, además, el nuevo sistema “usurpa competencias” al delegar en el Gobierno central la reubicación de los menores.
La falta de consenso y financiación amenaza con convertir en un nuevo frente político el modelo de acogida de menores migrantes, justo cuando el Gobierno busca implementar un reparto más equitativo ante el creciente flujo migratorio.