Canarias anuncia una Ley de Montes contra los incendios con la Dirección de Emergencias aún vacante

El director general de Emergencias dimitió hace una semana y el Consejo de Gobierno todavía no ha planteado ningún sustituto

Guardar

Dos helicópteros actuando durante el incendio en Tenerife. / EFE
Dos helicópteros actuando durante el incendio en Tenerife. / EFE

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, el comienzo de los trámites legislativos para elaborar la primera Ley de Montes de Canarias. Una norma que llega en un momento crucial para la conservación forestal en un Archpiélago cada vez más aquejado por los incendios debido al calentamiento global.

Fuegos como el que asoló Tenerife el pasado verano y que fue catalogado por los expertos como un "megaincendio de sexta generación", sumamente destructivos que desafían los esfuerzos de los equipos de extinción y sobrepasan cualquier capacidad humana de control.

Sin director general de Emergencias

El anuncio de la necesaria ley llega en un momento clave, pues 2024 ha sido el año en el que más temprano se ha activado el plan de incendios forestales en Canarias -ocurrió a mediados de marzo, todavía en invierno-. No obstante, y pese a la solemnidad del momento, cabe resaltar que el Archipiélago lleva una semana sin nadie al frente de la Dirección General de Emergencias tras la dimisión por motivos personales de su titular, José Juan Marrón, y sin que el Gobierno regional haya planteado todavía una persona como reemplazo.

Este lunes, el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, ha informado, preguntado por Atlántico Hoy, de que el Consejo de Gobierno no ha tratado en esta sesión ninguna cuestión relacionada con un nuevo nombramiento para ocupar el plazo que deja vacante Marrón.

La nueva ley

Retomando la cuestión de la planteada Ley de Montes, el consejero Mariano Hernández Zapata ha destacado que, actualmente, Canarias no cuenta con una norma propia y se rige por la Ley de Montes estatal. Tras la aprobación en Consejo de Gobierno, el Ejecutivo autonómico comenzará la redacción del anteproyecto de ley para, posteriormente, pasar a una consulta pública y presentar un primer borrador en 2025, si todo va bien.

El objetivo de esta regulación es, según ha destacado Zapata, adaptarse a las realidades específicas de los montes del Archipiélago, que representan el 78% de su territorio, con 578.227 hectáreas de monte, y que, con el aumento de las temperaturas y la nueva realidad de cambio climático, tienen cada vez más riesgo de sufrir grandes incendios forestales y deterioro.

Dicha ley abordará, por tanto, "cuestiones como el fomento de la gestión forestal sostenible y el impulso a los paisajes resilientes al cambio climático, el incremento de la cubierta vegetal, la protección del suelo contra la erosión, la conservación y mejora de la biodiversidad forestal, la gestión eficiente de pistas forestales y senderos, la defensa del patrimonio forestal, el fomento de la cultura forestal o la investigación forestal aplicada", ha destacado Zapata. La prevención y defensa de los montes contra incendios forestales y su restauración posterior será también uno de los puntos clave de dicha norma.

Plan Forestal y prevención

Paralelamente a esta acción, la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha subrayado que trabaja en otros dos ejes estratégicos en materia forestal. Por un lado, en la elaboración de un Plan Forestal, que tendrá duración de 21 años y que sustituirá al anterior plan, vigente desde 1999, y cuyo objetivo será el de proteger, potenciar y poner en valor la superficie forestal de las islas. Dicho Plan, que recientemente ha concluido el plazo de consulta pública, será además reforzado en el ámbito legislativo, tras la aprobación de esta Ley de Montes.

Por otra parte, también se trabaja en la revisión y modificación del decreto ley que regula la prevención y extinción de incendios forestales y las zonas de interfaz, actualizando el actual decreto de 2001, dando mayor relevancia a la adecuación al marco normativo aplicable actual y que, una vez se ponga en marcha la Ley de Montes, será absorbida por ésta.