El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad instar a la modificación de la Ley de Costas estatal con el objetivo de "garantizar encaje legal y seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y a instalaciones de interés público" situadas en terrenos que han pasado a formar parte del dominio marítimo-terrestre. La iniciativa busca dar respuesta a una problemática que afecta a numerosos asentamientos en el archipiélago.

La proposición no de ley, impulsada por el PP, salió adelante tras incorporar enmiendas del PSOE y de los grupos que respaldan al Gobierno autonómico. Entre ellas, se incluye la petición de acelerar la tramitación de una futura ley de Costas autonómica y reclamar al Estado el traspaso efectivo de las competencias en esta materia.

No obstante, Vox se desmarcó parcialmente del consenso al votar en contra de estos dos puntos. La diputada Paula Jover criticó que, "antes de centrarse en el autogobierno, el Ejecutivo canario debería completar el censo de núcleos costeros y poner en marcha medidas concretas para las familias afectadas". 

Debate

Siguiendo esta línea la diputada del PP, Jennifer Curbelo, defendió la necesidad de "modificar la norma estatal de 1988" al considerar que “no tuvo en cuenta las singularidades costeras, especialmente en el archipiélago". Según expuso, "los deslindes actuales dibujan líneas sin criterio y carecen de base científica", lo que, a su juicio, "pone en riesgo la seguridad jurídica de numerosos asentamientos costeros, algunos con órdenes de demolición vigentes". Curbelo subrayó además "el impacto social de estas decisiones", afirmando que "afectan a la identidad de estos núcleos y han generado años de calvario judicial para sus residentes".

Desde el PSOE, Rafael Nogales respondió que la iniciativa popular "replica una propuesta ya en tramitación en el Congreso" y defendió que Canarias "debe aprovechar las competencias transferidas en 2023 para impulsar su propia normativa". En una línea similar, Jana González (CC) insistió en "compatibilizar la reforma estatal con el desarrollo del autogobierno", mientras que ASG o AHI coincidieron "en la necesidad de actualizar la ley y dotar de medios suficientes a la comunidad autónoma". La diputada Carmen Hernández (NC) destacó "el consenso entre PP y PSOE como una señal de que existe voluntad política para acometer cambios en la normativa estatal".