El problema de fondo, según las administraciones insulares, es que la Ley de Costas vigente lleva 40 años en vigor en “una tierra que ha cambiado mucho desde los años 80”, y por ello resulta desfasada para la realidad del Archipiélago.
El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, afirmó que es necesario que “entiendan desde el Estado que somos mayores de edad, que somos capaces de gestionar nuestro litoral, que no venimos a destruir, que venimos a proteger, pero también a generar espacios de desarrollo para Canarias”. Acosta defendió la conveniencia de que las singularidades del Archipiélago queden recogidas en una norma de ámbito estatal.
Mecanismo de bloqueo
La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, explicó uno de los mecanismos concretos que genera bloqueo: cuando el Ministerio no ve con buenos ojos que el Gobierno de Canarias otorgue una concesión, “no establece un canon, y si no establece un canon no se completa el procedimiento”, lo que obliga a constituir una comisión bilateral de interpretación para intentar resolver el asunto, según sus palabras.
A lo expresado, Acosta añadió que, pese a que la comunidad autónoma está redactando su propia ley de costas de ámbito regional, esta seguirá condicionada por la Ley de Costas española, de rango superior, lo que limita la capacidad real de gestión autonómica.
Paralización de concesiones
Acosta y Brito incidieron también en que, pese a la transferencia de competencias de Costas en 2023, el Gobierno central se reservó la potestad de fijar el canon a pagar en concesiones para actividades del litoral que generan ingresos, una condición que, en la práctica, puede paralizar la aprobación de esas concesiones si el Ministerio no lo acuerda.
Por todo ello, el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos costeros han convocado la jornada 77 municipios costeros, un territorio, que se celebrará el 30 de junio en sesiones de mañana y tarde en las instalaciones del Instituto Oceanográfico de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Antonio Acosta precisó que la jornada se ha organizado “en clave de diálogo y debate”, con el objetivo de “buscar soluciones conjuntas entre los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias”.
Según el relato de la administración autonómica y de la Fecam, la suma de una ley estatal con cuatro décadas de antigüedad, la reserva de competencias económicas por parte del Estado (el canon) y el desconocimiento desde Madrid sobre la realidad isleña explican la insistencia en una reforma legal que, en su opinión, permita a Canarias gestionar su litoral con mayor autonomía sin renunciar a su protección ambiental.