Las orillas del Archipiélago, acostumbradas a ser el primer refugio de la ruta atlántica, se enfrentan ahora a un horizonte normativo que despierta más dudas que certezas en el seno del Gobierno autonómico. La gestión de la frontera sur de Europa busca nuevas reglas, pero Canarias teme que la eficiencia administrativa termine por desdibujar la dignidad de quienes llegan a sus costas en busca de una vida mejor.
Riesgos del nuevo pacto
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes su profunda preocupación por la entrada en vigor, prevista para el próximo 12 de junio, del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Según el líder del Ejecutivo, existe un riesgo real de "involución" en materia de derechos humanos al reforzarse el principio de contención en las fronteras exteriores del continente.
Desde el Gobierno de Canarias se critica la ausencia total de debate y coordinación previa con los territorios que, como las Islas, gestionan el fenómeno migratorio en primera línea. Clavijo ha subrayado que no espera una visión "más humana" de este reglamento, del cual persisten numerosas incógnitas sobre su aplicación práctica en el suelo canario a partir del verano.
Retenciones de seis meses
Una de las mayores incertidumbres reside en si Canarias albergará los denominados "agujeros negros" de los derechos humanos. El pacto prevé la creación de centros de retención donde los migrantes podrían permanecer hasta seis meses, plazo máximo establecido para los procesos de triaje a su llegada, lo que aumentaría la presión logística y social sobre el Archipiélago.
El presidente ha cuestionado si el modelo europeo se dividirá entre una "Europa rica" que paga por no ver la migración y una "Europa pobre" que debe sostenerla. Esta situación se agrava por la crisis climática y la conflictividad en el Sahel, factores que garantizan que el flujo migratorio hacia las costas canarias no cesará a corto plazo.
Externalización de la frontera
En este contexto, el director de Casa África, José Segura, ha calificado de "alarmante" el endurecimiento de las políticas migratorias. Segura advierte sobre la creación de "hubs" de retorno en terceros países, lo que permitiría trasladar a familias y menores a infraestructuras fuera de suelo europeo donde la supervisión judicial y de derechos humanos sería casi inexistente.
Esta estrategia de externalización busca acelerar unas expulsiones que actualmente apenas alcanzan el 20% de tasa de retorno. Para los agentes sociales y la administración canaria, estas medidas plantean dudas razonables sobre el acceso a una tutela judicial efectiva y sobre el papel que jugará Canarias como muro de contención definitivo.
Exigencias ante Bruselas
Ante este escenario, Fernando Clavijo ha anunciado un próximo viaje a Bruselas para trasladar estas dudas directamente a la Comisión Europea y al Gobierno de España. El Ejecutivo regional lamenta que la conferencia sectorial entre comunidades autónomas lleve más de un año sin celebrarse, impidiendo un reparto solidario y un debate constructivo a nivel nacional.
La próxima visita a Tenerife y Gran Canaria del papa León XIV se perfila como un hito clave para reivindicar el trato digno. Canarias busca que el espíritu original del proyecto europeo, nacido para evitar la miseria y la guerra, no se quiebre precisamente en sus costas, defendiendo una respuesta garantista y segura para todos los implicados.
La entrada en vigor de este pacto en junio obligará a Canarias a redefinir su coordinación con ONG y fuerzas de seguridad, en un intento por blindar los derechos fundamentales frente a la creciente rigidez de la política comunitaria.