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En la imagen, Víctor de Aldama. /EFE

El mensaje a la desesperada que recibió Aldama: "Estamos detrás de los canarios para que paguen"

Lo recibió por parte de Íñigo Rotaeche, apoderado de Soluciones de Gestión, la empresa que suministró mascarillas al Archipiélago durante la pandemia a través de un contrato que alcanzó los 12 millones de euros

“Estamos detrás de los canarios para que paguen. Les vamos a pedir que paguen todo ya”. Así fue uno de los mensajes que recibió Víctor De Aldama, el conseguidor del caso Koldo, por parte de uno de los apoderados de Soluciones de Gestión. Todo mientras la empresa enviaba mascarillas al Archipiélago en medio de una trama que ahora está vigilada con lupa.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela varias comunicaciones en las que participaban Antonio Olivera, Íñigo Rotaeche, Koldo García y el propio Aldama —entre otros—. Que nadie se preocupe, porque en todo momento habrá contexto sobre cada uno de los protagonistas para entender sus presuntos vínculos.

El contrato

La UCO recoge en el texto que la compañía Soluciones de Gestión fue la adjudicataria de un contrato de 12.317.580,24 euros con el objetivo de proveer a las Islas de mascarillas en plena pandemia. La primera tanda de cubrebocas no se hizo esperar y la firma llegó el 22 de abril de 2020 por un importe de 7,3 millones de euros. Pero, ¿cuál es el origen de todo?

Según los mensajes recabados en el informe, parte de unas comunicaciones entre Antonio Olivera —por aquel entonces era tanto viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias como director del Servicio Canario de la Salud (SCS) y en la trama no se le imputa ningún delito— con Koldo García, quien fue asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos —el socialista ahora está imputado como presunto autor de varios delitos como tráfico de influencias o cohecho—.

El exviceconsejero de Presidencia de la comunidad autónoma y expresidente de la Zona Especial Canaria (ZEC) , Antonio Olivera, ha comparecido en la comisión de estudio del Parlamento que analiza la revisión del Régimen Económico y Fiscal./ EFE/Miguel Barreto

Los inicios

Además, los movimientos se fraguaron antes de que el contrato se hiciera efectivo. O, al menos, es lo que se vislumbra en el informe de la UCO porque algunos mensajes son del 21 de abril. “¿Es posible que nos quedemos en esta ocasión 2 millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo? ¿Te parece bien?”, preguntó Olivera a García ese día.

“Ante la información reflejada en esta conversación, se concluye, por un lado, que Soluciones de Gestión ya estaría suministrando mascarillas a la administración canaria, incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato, lo cual tuvo lugar el día 22 de abril”, expone el documento. Así como que Koldo “parece ostentar en estas operaciones”.

"Negocié con Koldo"

Aunque la cosa no queda ahí porque Olivera se puso en contacto con Rotaeche minutos después —siempre según lo que recoge la UCO— para pedirle que le preparara una oferta con dos millones de mascarillas. “Negocié con Koldo esa cantidad”, le comentó. Tras un intercambio de mensajes para ultimar el envío, se dio el siguiente paso administrativo.

Olivera le mandó un correo a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), Ana María Pérez, donde le presentó una oferta de cinco millones de mascarillas elaborada por Íñigo Rotaeche señalando que venía del Ministerio de Fomento. En él le pidió “aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido”.

Ana María Pérez Afonso, exdirectora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud. / RAMÓN DE LA ROCHA-EFE

"Las hemos comprado más baratas"

El informe de la UCO prosigue con un intercambio de correos entre Pérez y dos funcionarias, en los que S.B., una de ellas, cuestionó la viabilidad del acuerdo asegurando que habían “comprado mascarillas más baratas” con anterioridad. “Seguro que te diste cuenta de dónde procede la propuesta”, le contestó su interlocutora. El texto infiere que se refería a las gestiones con el Ministerio de Fomento y Transportes a través de Olivera.

“Como se puede ver por las horas de los mensajes, a primera hora de la mañana del día 22 de abril, tanto Iñigo Rotaeche como Antonio Olivera, daban por sentado el envío de las mascarillas, mientras que por los responsables de la tramitación de la compra en la administración canaria, aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación, entre otras cosas si eran aptas o no para el uso sanitario”, reza el documento.

Prisas por cobrar

“Durante esta misma mañana del día 22 de abril, Rotaeche va informando de la operación a Víctor De Aldama, diciéndole que de momento le servirán 2 millones y que están intentando coordinar a los cabildos para un millón más. Añadiendo que, si le parece bien, le servirán dos millones porque tienen prisa en que les den de alta, se supone que, como proveedores, y en cobrar”, cuenta también.

La conclusión de la UCO es clara: “Se podría inferir que la propuesta de contratación de la empresa Soluciones de Gestión por parte del Gobierno de Canarias, habría llegado desde el Ministerio de Fomento y Transportes, a través del viceconsejero de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como se desprende de las conversaciones expuestas entre Koldo con Antonio Olivera y de este último con Íñigo Rotaeche”.

Víctor de Aldama durante una comparecencia / EUROPAPRESS

"Les voy a pedir que paguen todo ya"

El apremio por recibir el dinero se mantuvo en el tiempo y ahí está el quid de la cuestión. El 27 de abril, Rotaeche mandó un mensaje a Olivera donde lo avisó de que ese día por la tarde llegaba la última entrega de mascarillas con 2.750.000 piezas. “Lo que os ruego es que podáis liberar el pago hoy, pues estamos con mucha tensión de Tesorería”, le espetó. 

Como Olivera no respondía, Rotaeche acudió a Aldama para desahogarse. “El de Canarias no me atiende. Voy a llamar a Daniel [Sierra, apoderado de la empresa] para presione. Estamos detrás de los canarios para que paguen. Les vamos a pedir que paguen todo ya”, le dijo al conseguidor de la trama investigada por la justicia.

"El mamón aquí es Canarias"

Su enfado fue en escalada y llegó a decir que “el mamón aquí es Canarias, ni el pago anticipado, ni los dos primeros envíos”. Ante la falta de respuesta, le pidió a Aldama si podía “tirarles un coco” —en referencia a que hiciera alguna gestión, quizás en instancias superiores, con la finalidad de que atendieran los pagos pendientes—. “Ya está tirado, tranquilo, no llames más”, le contestó Aldama.

El informe —como también contó este periódico— refleja mensajes entre Ángel Víctor Torres, por aquel entonces presidente del Gobierno de Canarias, y Koldo García. En una de las conversaciones, el presidente canario solicita el “montante económico” pendiente y el nombre de la empresa, recibiendo como respuesta que se trata de Soluciones de Gestión y que el importe asciende a 7,87 millones de euros.

El informe de la UCO recoge un mensaje de Torres a Koldo: “O lo soluciona o la levanto pa’l aire”

"La levanto pal' aire"

Según la UCO, Torres actuó ante la preocupación de que la empresa no cobrara por los contratos de emergencia adjudicados por el Ejecutivo autonómico, valorados en más de 12 millones de euros. “Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica… o lo soluciona o la levanto para el aire”, llegó a espetar.

El ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ofreció este martes una comparecencia en la que aseguró que el informe de la UCO no lo involucra en ningún delito como se ha dejado caer a lo largo de los últimos meses. Lo definió como un “ataque difamatorio”.

"Ni mordidas, ni mujeres explotadas sexualmente"

“En ninguna de sus páginas [del informe] hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente”, sentenció.

Sobre sus palabras hacia la responsable económica, aclaró que en ningún momento quiso cesarla, pero que había una constatación de que estaban “incumpliendo un contrato firmado”.