El comité de empresa denuncia "caos" en la Consejería de Derechos Sociales

El comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias han denunciado este sábado "el caos y la falta de interés" por las personas vulnerables, "tanto a nivel organizativo como de gestión".

En un comunicado, acusa al equipo encabezado por la actual consejera, Noemí Santana, de "paralizar aún más la gestión" en este departamento, en el que "se da la paradoja que el número de ONG (...) ha aumentado, alimentadas todas con dinero público, pero los trabajadores de la administración cada vez son menos y con peores recursos para la atención a la población".

Abunda en que la Consejería de Derechos Sociales "no atiende a la población necesitada de Canarias, no dota presupuestariamente plazas necesarias para el correcto entendimiento de la población, no cubre las plazas vacantes por jubilaciones y no ha estado realizando todas las sustituciones por bajas médicas y licencias".

Todo ello ha provocado "un aumento de listas de espera de usuarios, un retraso considerable en las tareas importantes a realizar y un aumento de estrés en los trabajadores por las cargas de trabajo inasumibles", denuncia el comité.

Asegura que ha "denunciado reiteradamente" a sus directivos "esta precariedad" pero el Gobierno de Canarias "mirar para otro lado" o bien "vende el incremento de presupuesto" en esta Consejería "que luego no gasta y hay que devolver el dinero".

Por todos estos motivos exige al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, "un calendario corto de fechas para dar solución" a estos problemas "o en su defecto la dimisión de la consejera, la viceconsejera, la secretaria general técnica y la jefa de servicio de personal.

En el caso concreto de los menores con necesidades graves de protección, el comité de empresa de la Consejería especifica que en la provincia de Las Palmas tiene a su cargo a unos 1.850 y hay asignados "tan solo 20 técnicos" para tomar decisiones sobre su protección, educación y seguimiento.

A lo largo del año, abunda el comité, se han abierto unos 600 casos nuevos para investigar e instruir por "tan solo 3 trabajadoras".

Indica que existe un retraso en la declaración firme de situaciones de desamparo y en la revisión de contratos con las familias acogentes de más de 1.600 expedientes por falta de técnicos, de juristas y de administrativos.

En torno a 170 expedientes están pendientes de emitir la resolución de declaración de situación de desamparo del menor y a continuación realizar el contrato con la familia acogente, y unos 500 expedientes se han acumulado desde 2011 donde los menores tienen una situación desamparo por confirmar y "muchos" se cierran porque los chicos cumplen la mayoría de edad.

El comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales señala que desde el 2015 hay unos 1.000 expedientes pendientes de ser revisados.

También indica que al ser las ratios de los técnicos "tan altas", de hasta de 150 menores por técnico, no se puede supervisar adecuadamente el trabajo que realizan las entidades colaboradoras dependientes del Cabildo, que son las que tienen que proponer la revocación del desamparo para que la familia de origen recupere la tutela o, si no es así, proponer la suspensión del permiso especial para que el menor regrese al hogar de protección.

Igualmente habla de "abandono" a los niños de 0 a 3 años de las escuelas infantiles dependientes de esta Consejería y hablan de "mala gestión y previsión de contratación del personal que no es sustituido en tiempo y forma".

En cuanto al equipo de valoración de desamparos, constata "una situación de crisis/colapso", dada la "incapacidad para dar respuesta al volumen de demandas existente".

La misma situación describe en los equipos de valoración de desamparos y de familia extensa y en el servicio de justicia juvenil.