La mesa de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias durante la pandemia ha acordado este lunes prorrogar de nuevo el plazo para elaborar su dictamen, que concluía el 31 de marzo y ha ampliado hasta el 31 de julio, según han informado fuentes parlamentarias.
Esta cuarta ampliación del calendario de la comisión de investigación, constituida en mayo de 2024, tiene como objetivo dar más tiempo a los grupos parlamentarios para la elaboración del dictamen y analizar las propuestas de resolución, sin que esté prevista la celebración de nuevas comparecencias en el órgano parlamentario.
Escrito
Asimismo, la comisión ha decidido dar curso a un escrito presentado por el Grupo Socialista ante la Agencia Tributaria Canaria para que informe de la situación del expediente de reintegro de fondos adelantados a la empresa RR7 por las mascarillas que nunca entregó. El Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó en 2020 a esta compañía, propiedad de Rayco Rubén González y dedicada a la venta de coches, un contrato de cuatro millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3 que no fueron entregadas.
Rayco González está imputado por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, ya que la Fiscalía sostiene que consiguió el contrato por sus vínculos a través de amigos en común con el entonces director del SCS, Conrado Domínguez. La investigación del caso ha sido asumida por la Fiscalía Europea, al considerar que podrían haberse utilizado fondos de la Unión Europea.
Prevaricación
Además de Rayco González están investigados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, por prevaricación en la tramitación del expediente de compra. Esta prórroga de sus trabajos acordada por la comisión parlamentaria se suma a dos acordadas anteriormente, una para recibir a más comparecientes, otra para ampliar el plazo del dictamen desde septiembre de 2025 hasta el final de ese año y otra acordada en diciembre que lo amplió hasta el 31 de marzo.
En septiembre pasado se filtró un borrador del dictamen elaborado por el presidente de la comisión de investigación, el diputado de AHI Raúl Acosta, que concluía que la responsabilidad política no quedaba saldada con la destitución del entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, y apuntaba a irregularidades en el funcionamiento del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria.
La filtración de ese borrador molestó al PSOE, que solicitó la dimisión de Raúl Acosta y denunció que la difusión del texto socavaba el prestigio del Parlamento. Una vez que la comisión elabore su trabajo definitivo en su nuevo plazo hasta el 31 de julio se remitirá al pleno del Parlamento para su aprobación.
2024
La comisión de investigación se creó en mayo de 2024 y la para aclarar el pago adelantado de cuatro millones de euros a RR7, así como en otros contratos, entre ellos el suministro de mascarillas por más de 12 millones de euros a Soluciones de Gestión y la compra de test de coronavirus por 5,3 millones de euros a Eurofins Megalab.
Por la comisión de investigación han pasado cargos políticos, técnicos y empresarios, entre ellos el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el empresario Víctor de Aldama. El exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García, fue citado pero no se presentó.