Los dos jóvenes detenidos en la provincia de Las Palmas por ciberterrorismo están acusados de haber protagonizado una de las filtraciones de datos personales más sensibles de los últimos años. Según fuentes policiales, difundieron direcciones, teléfonos, DNI y correos electrónicos de altos cargos del Gobierno, miembros del PSOE y personas investigadas por corrupción, como Koldo García e incluso periodistas.
El principal detenido habría liderado la obtención y difusión de la información confidencial, valiéndose del alcance de canales de Telegram con decenas de miles de seguidores, para dar visibilidad a su actividad. Con esa notoriedad, ofrecía la venta de acceso a bases de datos privadas a cambio de pagos en criptomonedas, lo que complica el seguimiento financiero por parte de los cuerpos de seguridad.
Monetizar
El segundo arrestado, por su parte, presuntamente se ocupaba de monetizar estas actividades ilegales, actuando como intermediario y cobrador. La Policía destaca que los arrestados no solo revendían los datos, sino que además lanzaban amenazas sobre nuevas filtraciones, lo que generó una alerta de seguridad a nivel nacional.
La Comisaría General de Información, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha liderado esta operación, junto con las brigadas de Información de Madrid y Las Palmas, bajo la tutela del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Varios ministros
Esta es la segunda gran filtración de datos personales de figuras públicas en menos de diez días, lo que ha puesto en jaque a los servicios de ciberseguridad del Estado. La anterior, ocurrida el 19 de junio, ya había afectado a ministros como Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Óscar Puente y Ana Redondo, además de a exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá.
🚩Detenidas dos personas por su presunta participación en la filtración de datos personales relacionados con altas personalidades del Estado y del Gobierno
— Policía Nacional (@policia) July 1, 2025
La investigación, a cargo de la Audiencia Nacional, se encuentra bajo secreto de sumario pic.twitter.com/oOT4DLXUIE
Para la Policía Nacional, se trata de una amenaza extremadamente grave contra la seguridad nacional, ya que la filtración masiva de información sobre responsables públicos puede tener consecuencias imprevisibles en la estabilidad institucional y la integridad de los afectados.
La operación sigue abierta y los materiales incautados en los registros —incluyendo equipos informáticos, teléfonos móviles y soportes de almacenamiento digital— están siendo analizados para rastrear la extensión de la red y los posibles compradores de los datos. No se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.