El 16 de julio del año pasado Conrado Domínguez -director del Servicio Canario de la Salud (SCS)- firmó una resolución en la que se acordaba con la empresa RR7 United la compra de 1,2 millones de mascarillas FFP3 de la marca Honeywell a cambio de cuatro millones de euros -cantidad que ya había sido abonada por la administración pública en dos pagos previos-.
El documento, al que tienen acceso en esta noticia, no era el primero que ligaba -de manera contractual- a ambas partes: sólo suponía un cambio de modelo en la adjudicación. Esa modificación del convenio permitía a la sociedad -en la que Rayco González figura como administrador único- reponer, a petición propia, la partida inicial de casi un millón de tapabocas 3M N95 que había adquirido en Etiopía -que fue destruida diez meses antes por orden de la Agencia Tributaria Española al advertir que eran falsas- y frenar el dictamen del organismo oficial que le exigía la devolución del dinero que ya había cobrado por adelantado.
RR7, pese a esa segunda oportunidad, incumplió su compromiso: ni restituyó las mascarillas ni reembolsó al SCS los cuatro millones de euros.
Querella por diversos delitos
El párrafo anterior es sólo una pata más del 'caso mascarillas', una investigación de la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que, de momento, ha derivado en una querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria contra Conrado Domínguez y Ana María Pérez -ex directora general de Recursos Económicos del SCS- por el pago adelantado de los cuatro millones de euros por una partida de mascarillas que nunca se entregó a la sanidad pública; y Rayco González, por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales y al que se le han embargado siete vehículos de alta gama -tres Lamborghini, un Bentley, un Mercedes, un Porsche y un Audi- al entender que fueron comprados con el dinero público que obtuvo de forma ilícita.
Encubrir una negligencia
La Fiscalía Anticorrupción, en su investigación abierta en abril de este año, ya advirtió que la resolución de modificación tenía como objetivo "encubrir una negligencia" de los servidores públicos. Así, recalca que un mes después de que se hubiera resuelto el contrato -trámite que se inició el 1 de febrero- tras los continuos incumplimientos de RR7 United en la entrega del material, Conrado Domínguez firmó un “cambio de modelo de la adjudicación”.
El documento que validó esa operación así lo refleja: el 29 de junio de 2021 la empresa de Rayco González solicitó al SCS autorización para el cambio de modelo de mascarillas -en lugar de cubrebocas 3M N95, la empresa ofertaba FFP3 NRD de la marca Honeywell-; dos semanas después, el 14 de julio, la administración pública dio por bueno el nuevo producto pero introdujo una variación en la cantidad de unidades a recibir -1,2 millones de mascarillas y no un millón como se había fijado en el contrato inicial a entregar en el plazo de siete días-; el 16 de julio Conrado Domínguez firmó la nueva resolución.
El fiscal Javier Ródenas, en su investigación, consideraba que ese contrato ya no tenía vigencia porque se había extinguido con la petición de restitución de los cuatro millones de euros abonados previamente. Además, también apuntaba que Conrado Domínguez pervirtió “el fin público” de esa adjudicación -que ya había dejado de ser de emergencia- para convertirla en un acuerdo privado sin sustento legal que lo amparase.
Un "urgente" requerimiento
El juez instructor del caso, al admitir la querella de Anticorrupción, también acordó que se emitiera un "urgente" requerimiento al Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias para que un funcionario competente expida una certificación de los miembros que lo componían desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021 y del que formaba parte Conrado Domínguez antes de ser de nombrado director del SCS.
Además, también reclama las fechas de nombramiento de los integrantes del comité, sus funciones y competencias, así como si tuvieron conocimiento de la adjudicación del contrato a RR7 United o, si por el contrario, se trató de una decisión "exclusiva" de Conrado Domínguez como miembro del citado órgano.