El Gobierno de España ha confirmado al Ejecutivo de Canarias que trasladará durante octubre solo un centenar de menores migrantes solicitantes de asilo desde el archipiélago a la Península, pese a que en las islas permanecen unos 900 niños y adolescentes en esta situación. La cifra supone apenas una décima parte del compromiso asumido por el Estado tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado marzo, que le instaba a hacerse cargo de los menores con protección internacional.
Según explicó Sandra Rodríguez, directora general de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, la previsión inicial del Ministerio de Juventud e Infancia era evacuar unos 70 menores en la primera quincena de octubre, aunque la propuesta formal trasladada esta semana se limita finalmente a 47.
Ritmo insuficiente
La representante autonómica precisó que once de esos menores ya tienen autorización de salida este miércoles, dentro de un primer grupo de 20 jóvenes en situación de protección internacional, entre ellos una madre menor de edad con su bebé. El resto se prevé que viaje en las próximas semanas, hasta completar el centenar.
El Ejecutivo canario celebra que el Estado haya accedido a realizar las valoraciones de los menores directamente en los centros de protección del archipiélago, sin necesidad de trasladarlos al centro estatal Canarias 50, lo que permitirá agilizar su salida y evitar desplazamientos innecesarios. Sin embargo, advierte de que el ritmo de los traslados sigue siendo “claramente insuficiente”.
Mayores de edad
Desde la sentencia del Supremo, emitida el 25 de marzo, el Gobierno central debía asumir la tutela y gestión de los más de 1.000 menores con protección internacional acogidos en Canarias. Pero solo 161 han sido reubicados en la Península, según los datos oficiales, mientras que 106 permanecen en el centro Canarias 50 y otros 900 siguen en recursos del Archipiélago.
“Muchos de ellos ya han cumplido la mayoría de edad sin poder ser atendidos como menores asilados”, lamentó Rodríguez, quien pidió un “compromiso real y sostenido” para evitar que se repita esta situación.
Incumplimiento
El Gobierno canario también ha solicitado que aquellos menores con protección internacional que tengan arraigo en las Islas —entre 30 y 40 casos— puedan ser atendidos en un centro local, en lugar de ser enviados a la Península. Esta propuesta, según la directora general, “está siendo estudiada” por el Ministerio y podría resolverse “en las próximas semanas”.
En paralelo, Canarias denuncia que no se está cumpliendo el plazo de 15 días para trasladar a la Península a los menores llegados tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria del 29 de agosto.
Pruebas de edad
En cuanto a los casos de edad dudosa, el Ejecutivo autonómico ha decidido que las pruebas de determinación de edad se realicen en Canarias siempre que puedan hacerse “con celeridad y garantías”, una vez que la Fiscalía abre el procedimiento. El objetivo es evitar nuevos conflictos y retrasos como los registrados en semanas recientes, cuando varios supuestos menores resultaron ser adultos.
La última revisión afectó a un grupo de jóvenes llegados a Lanzarote, de los cuales seis de los quince examinados resultaron mayores de edad. En los traslados previstos para este viernes, dos de los cinco candidatos también han sido descartados por el mismo motivo.
El Gobierno canario insiste en que la falta de medios y la lentitud del Estado agravan la presión sobre su sistema de acogida, que se encuentra al límite desde el repunte migratorio del último año. La comunidad reclama que se cumplan los plazos, se garantice la atención integral y se respeten los derechos de los menores migrantes que siguen esperando una oportunidad de integración fuera de las islas.