Mientras el Tribunal Constitucional resuelve las discrepancias entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario por varios artículos de los Presupuestos de Canarias de 2025, el Estado ya ha manifestado su desacuerdo con tres preceptos incluidos en las cuentas autonómicas de 2026. La disconformidad se centra en aspectos clave como la regulación del personal temporal, el complemento a pensiones no contributivas y una modificación en materia de memoria histórica.
Según recoge la resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial, se han iniciado conversaciones para resolver diferencias jurídicas sobre el artículo 56, la disposición adicional cuadragésima cuarta y la disposición final relativa a la Ley de memoria histórica recogidas en las cuentas autonómicas en vigor. Ambas administraciones han designado un grupo de trabajo y han comunicado el conflicto al Tribunal Constitucional, paso previo habitual antes de un eventual recurso si finalmente no hay acuerdo.
Claves del conflicto en los presupuestos de 2026
Uno de los puntos en discusión es el artículo 56, que restringe de forma general la contratación de personal laboral temporal en la administración autonómica durante 2026, permitiéndola solo en casos excepcionales y por necesidades urgentes. Además, establece condiciones específicas para contratos de sustitución o por circunstancias de la producción, así como un sistema de autorizaciones administrativas previas.
Otro de los aspectos objeto de discrepancia es la disposición adicional cuadragésima cuarta, que contempla un complemento de 400 euros anuales para personas beneficiarias de pensiones no contributivas en Canarias. Esta ayuda, que se abonaría en dos pagos, tiene carácter personal, no transferible y quedaría fuera del régimen general de subvenciones, concediéndose de oficio sin necesidad de solicitud.
Memoria histórica y antecedentes del conflicto
El tercer elemento en cuestión afecta a la normativa de memoria histórica. La ley autonómica introduce el 7 de mayo como Día Canario de las Víctimas del Franquismo, con el objetivo de institucionalizar actos de reconocimiento y mantener el recuerdo de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
El Gobierno central ya inició este mismo procedimiento con los Presupuestos de Canarias de 2025. Tras alcanzar acuerdos en algunos puntos, persistieron dos discrepancias relevantes: el plus salarial para gerentes sanitarios y las inversiones mínimas en puertos estatales. El Tribunal Constitucional acordó la paralización cautelar del primero de estos aspectos mientras resolvía el conflicto.
Acuerdos para evitar el Tribunal Constitucional
No obstante, no todos los desacuerdos terminan en el alto tribunal. Ambas partes han alcanzado consensos en relación con la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad y mejora del empleo público, así como con el decreto sobre valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias.
En este último caso, tras detectar discrepancias ambas administraciones iniciaron negociaciones en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación. Como resultado, han logrado un acuerdo que evita acudir al Tribunal Constitucional.
Cambios en discapacidad y empleo público
La solución pasa por el compromiso del Gobierno de Canarias de modificar el apartado 2 del artículo 1 mediante una iniciativa legislativa. Esta modificación aclara que el decreto-ley se aplicará a las personas que soliciten el reconocimiento del grado de discapacidad y que estén empadronadas y residan efectivamente en Canarias. También se establece que, en el caso de ciudadanos españoles residentes en el extranjero, la competencia corresponderá a Canarias si su último domicilio estuvo en el archipiélago.
Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo para modificar e incluso eliminar varios artículos de la ley de empleo público. Tras la negociación, el Ejecutivo canario se compromete a adaptar la norma a la legislación estatal, incluyendo la interpretación conforme al Estatuto de los Trabajadores, la revisión del periodo de prueba de los funcionarios interinos, la adecuación de los procesos selectivos al Estatuto Básico del Empleado Público, la redefinición de la promoción interna como movilidad funcional y la eliminación del artículo 59.