La exalcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP), desconoce que en estos momentos la Fiscalía esté estudiando la adjudicación de 35 obras públicas para el asfaltado de caminos después de que en su momento una empresa denunciara al ayuntamiento por los obstáculos que tuvo para cobrar.
En total se trataría de actuaciones encargadas por la corporación local a esta adjudicataria a la que los tribunales le dio la razón hace algunos meses de forma parcial y obligó a su pago.
No hay notificación
El juzgado, a finales del año pasado, remitió el sumario a la Fiscalía para determinar si podría existir algún indicio de posible delito en el procedimiento llevado a cabo.
La exalcaldesa asegura que no ha recibido ningún tipo de notificación y alega que en su momento se tuvieron que adjudicar las actuaciones de esta manera ante la necesidad de ejecutar los trabajos y la falta de personal en el ayuntamiento.
El pago fue votado en pleno
Admite que llevó a cabo los encargos pese a los reparos impuestos pero recuerda que su abono fue aprobado en pleno con los votos a favor de los concejales del Partido Popular (PP) y la abstención de los restantes miembros de la corporación.
Por ello, culpa del impago al nuevo grupo de gobierno, motivo por el que la empresa tuvo que acudir a los tribunales donde se estimó su petición. En concreto, la sociedad recurrió la negativa de la Junta de Gobierno a abonar diversas facturas, en este caso, una de casi 26.000 euros a lo que se le deben añadir los intereses.
"No nos quedó más remedio que actuar como lo hicimos porque de lo contrario habría sido imposible ejecutar los trabajos. Las obras están hechas en lo público. No tengo constancia de que se haya abierto un nuevo procedimiento judicial contra mí. Era materialmente imposible llevar a cabo adjudicaciones por medio de concursos", dice Castro Dorta.
Lo compara con el caso de Clavijo
Los importes que fueron reparados ascienden a unos 100.000 euros, pero la exalcaldesa indica que se trata de un asunto similar al que llevó Fernando Clavijo a los tribunales por su etapa como alcalde de La Laguna y que concluyó en absolución.
La exregidora indica que desconoce los motivos por los que el grupo de gobierno ha abonado algunas facturas y otras no y por ello cree que las empresas tienen derecho a acudir a los tribunales y no le extraña que éstos le den la razón.
Tiene otro proceso abierto
En estos momentos Castro Dorta tiene pendiente otro procedimiento judicial por motivos similares por adjudicaciones al final de su mandato que ascenderían a unos tres millones de euros, pero indica que tampoco ha recibido ningún tipo de nueva notificación.
La empresa que ha presentado esta demanda que ganó en el juzgado y desde donde se planteó remitir el asunto a Fiscalía, resultó adjudicataria de 35 obras por más de medio millón de euros.
Más funcionarios con responsabilidad
El Ministerio Público deberá determinar si existe algún tipo de responsabilidad por parte de funcionarios o algún otro miembro del anterior grupo de gobierno. En la sentencia de final de año se apunta que los contratos verbales, como el que dio lugar a este fallo, son del todo irregulares.
Los nuevos dirigentes del Ayuntamiento decidieron no pagar las facturas al considerarlas nulas por no seguir el correspondiente procedimiento administrativo, sin supervisión de los técnicos y cualquier otro tipo de control.
"Asumo la responsabilidad porque son obras que se tenían que ejecutar lo antes posible y no quedó otra posibilidad que hacerlo de esta manera. Ahí están y cualquiera las puede ver. Es cierto que se impusieron reparos pero como alcaldesa los levanté y asumo mi responsabilidad. Ojalá hubiese contado con más técnicos y medios para haber actuado de otra manera", añade.
Varias sentencias en el mismo sentido
El juzgado ha remitido a la Fiscalía estos contratos dado que ya son varias las sentencias que van en el mismo sentido y ante la posibilidad de que haya indicios de un supuesto delito.
Existe otra empresa que por las mismas fechas emitió una treintena de facturas por casi medio millón de euros, por suministro de aglomerado asfáltico, adjudicada de idéntica forma manera.
Varios albaranes sospechosos
En este caso se procedió al abono dado que se cuenta con la firma de la exalcaldesa en unos 50 albaranes, cuya facturación podría duplicar a la anterior. Las facturas y albaranes han sido llevadas también ante los tribunales para determinar si se ha cumplido con la legalidad.
En 2018, la Intervención emitió un informe sobre distintos suministros, servicios y obras pendientes de ser reconocidos por valor de 1,6 millones a distintas empresas por los mismos motivos. Luego hay otro más también desfavorable realizado por la secretaria del ayuntamiento a finales de 2019 en el que se posiciona a favor de hacer los pagos pero propone iniciar una investigación, tanto a personal de la Corporación local como de las empresas.
La controversia por el abono de las facturas durante el mandado de la exalcaldesa ha sido constante pero hasta ahora las sentencias no han ido más allá de obligar a su abono sin determinar aún si existe algún tipo de responsabilidad penal.