El contrato que quiere sacar adelante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el servicio de limpieza presenta varias irregularidades que ha puesto de manifiesto la Intervención General en un informe. El gobierno municipal quiere licitar el futuro contrato por un importe mucho mayor que el actual —que se encuentra caducado desde 2017—, pero según la interventora adjunta las amortizaciones no están bien hechas al no cuadrar las cuentas y la ampliación de cinco a ocho años que han previsto para abonarlas no está justificada.
Uno de los aspectos más importantes es que los argumentos usados por el Ayuntamiento para ampliar el plazo no son válidos atendiendo a la Ley de Contratos del Sector Público, la cual recoge que el máximo sea de un lustro y en la capital grancanaria se pretende aumentarlo a ocho años. Fuentes del consistorio restan importancia a la situación, aseguran que esto no significa que se vaya a reducir la duración del contrato, cuya ampliación se aprobó en el pleno, y señalan que se está trabajando para subsanar las cuestiones que se comentan en el informe.
La oposición
Augusto Hidalgo, alcalde de la ciudad, fue tajante sobre este asunto en una entrevista a este medio: "Estamos pendientes de un concurso muy grande. Eso es lo que critica la oposición, porque durante la pandemia hicimos concursos específicos, porque teníamos que tomar medidas extraordinarias que no estaban previstas. Hoy estamos hablando de otra cosa. Vamos a sacar un concurso muy potente. La ventaja es que si vamos a trabajar en la parte pública ahora vamos a un proceso de concurso que es el que ha criticado la oposición, pero donde vamos a la recogida particular mecanizada, en el que vamos a tener unos 40 vehículos en la calle, en el que tendremos más de 200 trabajadores nuevos en la calle y el efecto va a ser mejorado".
El documento se ha dado a conocer este martes tras ser solicitado por el Partido Popular (PP) de la capital. El portavoz adjunto de la formación, Ángel Sabroso, afirmó que el PSOE lleva años “aniquilando” el Servicio Municipal de Limpieza. Sabroso dijo que se ha hecho “sin incorporar personal, sin adquirir maquinaria, sin renovar medios materiales y humanos”. Además, destacó que “de un contrato de 7,5 millones al año el PSOE quiere pasar a un contrato de 17,3 millones anuales, tras más de cinco años manteniendo la ilegalidad de prorrogar un contrato y hacerlo privatizando labores que se están prestando de forma directa por el personal municipal”.
Amortizaciones incorrectas
La Intervención informa al Ayuntamiento capitalino de que la amortización de las maquinarias que quiere adquirir no está bien realizada, porque no se obtiene la misma suma con la licitación a cinco años que a ocho. Un ejemplo que ponen en el documento hecho público a petición del PP y que firma Ana María Ortega, interventora adjunta, es el del camión Ampliroll. Si el importe anual del vehículo a cinco años es de 31.256,18 euros, para abonarlo en ocho años la cifra debería ser de 19.535,11 euros y no de 25.052,87 como es la intención del consistorio. La inversión total que quiere hacer el consistorio es de 138,5 millones de euros tanto para la compra de maquinaria, como para pagar la mano de obra.
El informe de la Intervención también detalla que el gasto en mano de obra tampoco está plasmado correctamente. “Se señala un incremento del 2% y no se detalla de forma pormenorizada, sino a través de unos importes totalizados los gastos de personal”, señala el documento. También menciona que se habla de un convenio colectivo para los años 2017-2021 sin analizar su vigencia ni el tiempo de prestar el servicio en la empresa para su posible subrogación.
Un coste poco relevante
El documento también destaca que “si se analiza el cuadro resumen del presupuesto se observa que los gastos por vehículos y de material auxiliar, suponiendo que estuviera correcto, que no es el caso, representa sobre los gastos por mano de obra el 12,69%”, y explica que “si se considera sobre el resto de gastos, representa solo el 12,37%”.
El artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público establece excepciones en las que se pueden superar los cinco años en la amortización de las inversiones. Aunque esto solo estará legitimado si existe un coste relevante en la prestación del suministro o servicio.
Un estudio económico
Al margen de que las cifras no coinciden en el posible aumento del tiempo para efectuar la amortización, la interventora adjunta explica que ese 12,37% supone un gasto poco relevante para justificar dicha ampliación. La razón esgrimida es que hay un gasto que tiene mayor peso como es el pago de la mano de obra, que supone un 80%. Por lo tanto, “no se ajusta a la normativa señalada”.
La Intervención General del Ayuntamiento dice que en el servicio de limpieza el coste económico principal son los costes laborales, lo que impide que la amortización de la maquinaria sea el coste relevante del servicio.
En base a todo este asunto, el informe concluye solicitando un estudio económico al consistorio donde se justifique el precio de cada coste de los bienes, materiales y mano de obra. También incluye al final del documento que se revise y corrija todo el expediente.