El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el protocolo que detalla cómo se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados, un modelo con el que prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades a partir del 28 de agosto.
El real decreto es la segunda norma que el Ejecutivo saca adelante después del real decreto ley del pasado 18 de marzo, que modificó la ley de extranjería para crear este mecanismo de derivación obligatoria de los jóvenes entre comunidades.
Este modelo ha generado tal rechazo entre las autonomías que once de ellas (10 presididas por el PP y Castilla-La Mancha) han recurrido el texto que lo creó ante el Tribunal Constitucional y la mayoría de las presididas por el PP dieron plantón al Gobierno la semana pasada en una Sectorial que se iba a celebrar sobre este tema.
El protocolo para los traslados
El texto establece el protocolo que habrá de seguirse para los traslados de los jóvenes y la participación en el proceso del Ministerio Fiscal, al que se comunicará la propuesta de traslado del joven y se pedirá informe en el caso de que este no quiera ser reubicado. Además, dicta que la comunidad de origen deberá emitir un informe sobre la situación de cada joven, para lo que tendrá que realizar una entrevista personal a cada uno de ellos.
La autonomía de llegada será la responsable de los traslados, que serán financiados por el Estado mediante el fondo previsto en el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, dotado con 100 millones de euros. Los desplazamientos los realizarán profesionales de la entidad pública de origen, que deberán intercambiar información con los de destino sobre la situación de cada niño o adolescente.
El nuevo real decreto señala también que, en caso de que la comunidad se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
Y establece que, si el menor no tiene autorización de residencia en España, esta deberá ser tramitada, con carácter preferente, por la Subdelegación del Gobierno correspondiente antes del traslado.