El Gobierno de Canarias va a regular su organización y funcionamiento para adaptarse al Estatuto de Autonomía aprobado en 2018 y para corregir deficiencias e insuficiencias de la regulación actual, que se remonta a 1983.
Para ello, este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, se ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, el cual se remite al Consejo Consultivo para que emita un informe, antes de su aprobación como proyecto de ley y su remisión al Parlamento para su tramitación y aprobación final.
La propuesta legislativa establece el estatuto y atribuciones del presidente o presidenta, regula la organización, régimen jurídico y funcionamiento del Gobierno, define sus relaciones con el Parlamento autonómico y desarrolla la iniciativa legislativa y las potestades normativas del ejecutivo.
Adecuar el régimenal nuevo Estatuto
El objetivo es adecuar al nuevo Estatuto el régimen, organización y funcionamiento de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, que hasta ahora se rigen por la Ley del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que fue la primera y única ley aprobada por el Parlamento provisional en 1983.
El Gobierno ha entendido necesario acometer "una regulación actualizada y más completa de su régimen, organización y funcionamiento", según ha informado.
De acuerdo con este proyecto, al presidente o presidenta, además del desempeño de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, le corresponde la jefatura del órgano colegiado ejecutivo, lo que le confiere especial relevancia institucional, al detentar la máxima representación de la Comunidad Autónoma de Canarias y, conjuntamente, la representación ordinaria del Estado.
Relaciones Gobierno-Parlamento
También se considera preciso que la ley contenga las normas imprescindibles relativas a las relaciones del Gobierno de Canarias con el Parlamento autonómico, sin interferir en el ámbito reservado estatutariamente al reglamento de la cámara autonómica.
Debido a que desde la aprobación del Estatuto el Gobierno de Canarias puede dictar normas con rango de ley, la nueva regulación aborda "el régimen básico de su uso".
También establece el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas para la aprobación de las normas de procedimiento administrativo que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de canarias o de las especialidades de la organización de la administración pública canaria.