Canarias cuenta con 2,3 millones de habitantes. Cada uno atesora su propia historia, una realidad distinta de quien tiene al lado con sus defectos, virtudes, prioridades o problemas. Los cuatro aspectos definen a las personas y marcan cada movimiento que dan en la vida. Incluso, querido lector, a la hora de pasar por las urnas para elegir a un nuevo presidente. En la vida, como ocurre durante una partida de ajedrez, ninguna decisión es casual.
El 28 de mayo de 2023, quienes salieron a votar llevaban consigo preocupaciones como la dificultad de acceder a una vivienda, la calidad educativa en los colegios e institutos, los impuestos, las listas de espera en sanidad, las ayudas en materia de dependencia o la sostenibilidad. Tras las elecciones, tanto Coalición Canaria (CC) como el Partido Popular (PP) pudieron formar gobierno y sellaron un pacto con 18 páginas de compromisos.
Vivienda, sanidad y dependencia
La finalidad del Ejecutivo, con Fernando Clavijo (CC) como presidente y Manuel Domínguez (PP) en la vicepresidencia, era mejorar el día a día de quienes habitan en las Islas desde distintos puntos de vista. Ahora que han pasado dos años, Atlántico Hoy ha querido hacer un análisis de los puntos que se han cumplido, los que siguen en blanco y los que están en proceso de materializarse. En definitiva, ponerlos a examen.
El primer eje que sostiene el acuerdo es la vivienda, la sanidad y la dependencia. Entre las grandes asignaturas pendientes del Gobierno están complementar a los 43.000 pensionistas no contributivos con la Renta Canaria de Ciudadanía. No se ha puesto en marcha, pero la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, ha pedido al Estado que las dos ayudas puedan ser compatibles.
Plazas residenciales
El documento recoge la promesa de desbloquear la construcción urgente de plazas residenciales y diurnas para mayores. La realidad es que el convenio de Dependencia que la comunidad autónoma debe firmar con los cabildos sigue sin haber salido adelante a pesar, incluso, de que la consejera del ramo, Candelaria Delgado, asegurara que estaría listo en el primer semestre de 2025. En el mes de febrero estaban cerrando las negociaciones.
Si se mira la cara buena de la moneda, Delgado aseguró que a partir de julio el servicio de Teleasistencia pasará a estar gestionado directamente por el Ejecutivo regional. Además, establecerán criterios comunes para regular el acceso a las listas de reserva. El gran problema está en la falta de personal, por el que la mitad de las solicitudes de dependencia se quedan fuera del sistema al solo haber tres funcionarios.
Exclusión social
Donde sí se ha cumplido es en negociar con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para incrementar el servicio de ayuda a domicilio. El 16 de febrero de 2024, Bienestar Social suscribió acuerdos con el objetivo de prestar el servicio en 24 municipios. Así, los consistorios tendrán la posibilidad de llegar a más ciudadanos que lo necesiten. El acuerdo entre CC y PP tampoco dejó de lado la pobreza.
Se comprometió a dar más recursos para combatirla y de momento ha cumplido. Candelaria Delgado anunció el 26 de junio del año pasado que su área destinaría 213,5 millones de euros para combatir la pobreza. Desde su departamento, en aquel momento, habían atendido a 843.000 personas en situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social. Eso sí, aún no se ha constituido la mesa de diálogo con el tercer sector.
Casas entregadas
Volviendo a dependencia, el pasado mes de abril el Consejo de Gobierno dio luz ver a un decreto mediante el que regulará el procedimiento para agilizar el proceso y disminuir así las listas de espera. La clave estará en la simplificación de los trámites y el acceso a la vía telemática. Otro de los cumplimientos ha sido crear la Dirección General de Mayores y Participación Activa, en manos de Verónica Meseguer.
La vivienda forma parte de las grandes inquietudes de la ciudadanía y es un aspecto en el que el Ejecutivo ha contado con diversos avances como la proyección de 1.000 casas públicas el año pasado y otro millar este 2025. En Gran Canaria se han entregado en torno a 50, mientras en Tenerife se han empezado a construir después de seis años sin levantar ninguna. Por otro lado se ha presentado un observatorio con el que tener datos fiables.
Vivienda asequible incentivada
Pero la cosa no queda ahí porque a principios del año pasado se aprobó la emergencia habitacional y recientemente salió adelante un decreto que permite agilizar las licencias urbanísticas, un documento donde se regula la vivienda asequible incentivada para ayudar a las clases medias. Otra de las medidas que está por venir es la Hipoteca Joven Canaria para facilitar la compra de inmuebles a las nuevas generaciones.
Merece la pena resaltar que esta semana se aprobó una modificación del REF en el Congreso, que permitirá destinar parte de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) —unos 2.000 millones de euros— a la construcción y rehabilitación de viviendas para alquiler residencial, excluyendo el alquiler vacacional. Los pisos turísticos también están en boca de todos porque el Ejecutivo se ha propuesto regularlos con una nueva ley.
Listas de espera
El preámbulo del pacto admite que existe un colapso en la sanidad pública. En cifras, el Archipiélago ha conseguido reducir las listas de espera quirúrgicas, pero no en las consultas médicas con los especialistas —154 días de media, la peor cifra a nivel nacional—. En cuanto a la promesa de aumentar el número de psicólogos clínicos, en 2024 anunciaron que contratarían a 27 —cifra, por lo pronto, insuficiente para alcanzar parámetros de la OCDE.
Tampoco parecen haber cumplido con la inclusión de servicios de geriatría en todos los hospitales, una demanda que llega desde distintos sectores. Lo que sí han logrado es mejorar la información del paciente mediante la implantación del Visor de Historia Clínica Unificada en todo el Servicio Canario de la Salud (SCS) para que haya registros informáticos en todos los hospitales.
Migración y educación
Al hablar de migración, el Gobierno sí aprueba al haber llevado a cabo sus dos compromisos: instar al Gobierno de España para que promueva en el ámbito de la Unión Europea una mayor cooperación con los países de origen y lucha contra la inmigración ilegal; y a que la llegada de menores extranjeros no acompañados empiece a considerarse un asunto prioritario para el Estado —al haber salido adelante del decreto del reparto—.
El segundo eje del pacto está centrado en el ámbito educativo. Entre las medidas que ha aprobado la consejería encabezada por Poli Suárez están aumentar las plazas de educación de cero a tres años, ofrecer ayudas al alumnado con necesidades especiales y sacar adelante incentivos fiscales —a través de la RIC— que permitan potenciar la Formación Profesional Dual.
Más profesores
Uno de los puntos donde sí han fallado por el momento es en intensificar los recursos materiales y humanos para atender a los estudiantes NEAE —con necesidades especiales—. Desde el sindicato ANPE han denunciado que están “desbordados”, por lo que necesitan más personal que les permita hacer frente a la situación que están padeciendo.
Por otro lado, la creación de una Consejería específica de Formación Profesional y una Viceconsejería dedicada al área ha permitido el lanzamiento de nuevos ciclos duales y un plan de infraestructuras con una inversión de 235 millones de euros, destinado a eliminar aulas prefabricadas y amianto en centros educativos. En cuanto al modelo de financiación universitario, aún no ha sido consensuado, aunque sí han fortalecido los recursos económicos.
Política fiscal
Los ejes tres y cuatro están relacionados con la economía. El pacto comprometía una política fiscal que incluía la rebaja del tipo general del IGIC del 7% al 5%, pero aún no se ha ejecutado. El Ejecutivo sí que ha podido llevar a cabo otras cuestiones como la prórroga del tipo cero para productos básicos o una reducción al 3% para servicios deportivos desde enero de 2025. Las deducciones en el tramo autonómico también se han puesto en marcha.
Además, ha puesto dinero del POSEI adicional que el Estado no ha abonado, ha convocado subvenciones para promover la contratación de seguros agrarios y ha puesto en marcha ayudas que permitirán abaratar el coste del agua desalada en el Archipiélago. Por último, han puesto medios con el objetivo de mejorar la lucha contra el fraude fiscal con un mayor número de medios tanto humanos como tecnológicos.
Cultura, deporte y sostenibilidad
Entre las propuestas en materia deportiva (eje cinco), han puesto en marcha la prescripción sanitaria de ejercicio físico y han creado la Dirección General de Deportes. Lo que parece resistirse —desde hace años en realidad— es la eliminación de las trabas aduaneras al sector cultural del Archipiélago.
Dentro del eje seis, el pacto de gobierno adoptó el compromiso de controlar el crecimiento de la población, una idea que está incluida en la reciente propuesta de Fernando Clavijo de sacar adelante una Ley de Residencia y, en el caso de potenciar la economía azul, han elaborado un plan con las dos universidades públicas de las Islas para llevar a cabo una investigación. Transición Ecológica trabaja en una reforma de la Ley de Cambio Climático, que todavía no ha llegado al Parlamento.
Regiones ultraperiféricas
En cuanto al séptimo apartado, centrado en políticas de igualdad, merece la pena resaltar que se han puesto encima de la mesa 10 millones de euros transferidos por el Estado para luchar contra la violencia de género, pero no hay constancia de que se hayan puesto en marcha planes de empleo para mujeres en vulnerabilidad ni medidas de inserción laboral para personas trans.
Quienes firmaron el pacto se propusieron abordar en Bruselas las necesidades de las regiones ultraperiféricas y se ha hecho. Sin ir más lejos, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, trató allí las necesidades energéticas de las Islas y solicitó la ampliación de plazos para los fondos Next Generation. Eso sí, aún no ha salido adelante un nuevo modelo de financiación, aunque lo ha exigido en numerosas ocasiones al Estado.
Empleo
En el ámbito laboral, otro asunto de gran preocupación para la ciudadanía, se ha puesto en marcha el plan de empleo social, pero no ha salido adelante la bonificación a las empresas y promover así la contratación de jóvenes.
Por último, en el eje número nueve el Gobierno ha cumplido con eliminar la cita previa en los trámites administrativos, en poner en marcha el proyecto para contar con una nueva Ley de Función Pública y en impulsar un plan de evaluación de políticas públicas. Ahora bien, no se han eliminado las estructuras duplicadas de la administración. Aunque sí han suprimido las trabas burocráticas para los emprendedores.
Conclusiones
El Gobierno CC-PP llega al ecuador de la legislatura con una gestión en buena medida aprobada en áreas clave como la vivienda, la formación profesional o la atención ciudadana, pero con promesas fiscales, sanitarias, educativas y sociales de gran calado aún por cumplir.
Con el horizonte electoral de 2027 cada vez más cerca, la segunda mitad del mandato será decisiva para cerrar los frentes abiertos, consolidar lo avanzado y demostrar que el pacto de gobernabilidad no fue solo una declaración de intenciones.