Los grupos parlamentarios están en pleno trámite del proyecto de ley para agilizar las licencias urbanísticas, un texto normativo que surge de un decreto del Gobierno de Canarias y que está sirviendo para incluir modificaciones en la ley de vivienda vacacional, aprobada el pasado noviembre. En esta brecha abierta para proponer cambios, las islas verdes quieren incorporar nuevas excepciones.
Recientemente, La Palma ha exigido excepciones especiales amparándose en la erupción volcánica. El presidente insular, Sergio Rodríguez, manifiesta que la regulación de la vivienda vacacional debe tener mayores excepciones que las que ya contempla la ley para esta isla. Esta cuestión la relacionan con la recuperación tras la erupción volcánica, que señalan que eliminó varias plazas, aunque los datos demuestran que ahora hay 500 viviendas vacacionales más que antes de la erupción.
Las islas verdes buscan ampliar las excepciones
Pero el modelo turístico en las islas verdes, con menor peso de los hoteles y mayor presencia de la modalidad extrahotelera, es diferenciado, por lo que apuestan ahora por incorporar en el proyecto de ley nuevos privilegios al considerar que las “medidas planteadas siguen siendo insuficientes para responder a la realidad específica de la isla”.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la limitación temporal prevista para determinadas autorizaciones, con horizonte en 2030, al entender que una fecha de caducidad de este tipo no resulta compatible con el contexto de reconstrucción que todavía vive La Palma. La Isla plantea que puede establecerse un plazo para acogerse a las medidas excepcionales, pero no para extinguir posteriormente derechos vinculados a viviendas afectadas por la erupción.
ASG y Grupo Mixto plantean ampliar los plazos
En línea con el reclamo de La Palma, el Grupo Mixto y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) han presentado enmiendas para que las viviendas vacacionales ya existentes puedan seguir explotándose durante un período transitorio más largo en las Islas Verdes. Si para el resto de islas el plazo previsto es de cinco años, lo que buscan es ampliarlo a diez años.
La propuesta registrada en el Parlamento modifica la disposición transitoria de la ley de vivienda vacacional para establecer que la declaración responsable permitirá continuar la actividad turística “durante el plazo improrrogable de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, y de diez años para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, así como para los municipios de reto demográfico”.
Blindaje para viviendas ya regularizadas
Además, las enmiendas también pretenden blindar situaciones ya consolidadas en estas islas. En concreto, proponen que aquellas viviendas cuyo uso turístico ya estuviera expresamente habilitado por el planeamiento urbanístico o reconocido por la Ley 14/2019 de ordenación territorial turística de El Hierro, La Gomera y La Palma no tengan que acogerse al nuevo régimen transitorio. La propuesta mantiene vigentes las declaraciones responsables ya presentadas conforme al antiguo Decreto 113/2015 de viviendas vacacionales.
Más allá de las afecciones directas a las Islas Verdes, otra cuestión relevante planteada por ASG, aunque de forma individual, es sacar a las viviendas vacacionales del régimen de actividades clasificadas y tratarlas jurídicamente como una “actividad inocua”. Esto implicaría que las viviendas vacacionales no tengan que tramitar procedimientos previos propios de actividades clasificadas, no necesiten determinados controles municipales previos y queden sometidas únicamente al régimen de declaración responsable turística.
Cambios en herencias y requisitos técnicos
La propuesta de ASG también incluye que las personas que ya hubieran presentado la declaración responsable de inicio de actividad antes de la entrada en vigor de la Ley 6/2025 queden exentas de presentar la comunicación previa de actividad clasificada.
Otro de los cambios planteados afecta a las transmisiones hereditarias. Se busca introducir una excepción para permitir que, cuando exista una transmisión lucrativa de la vivienda, el nuevo propietario pueda subrogarse en la titularidad de la declaración responsable y continuar desarrollando la actividad turística. Eso sí, fijan un límite máximo de diez años desde la transmisión y aclaran que posteriores transmisiones no permitirán ampliar ese plazo.
Nuevas exigencias para las viviendas vacacionales
Las enmiendas también incorporan un nuevo régimen técnico y ambiental para las viviendas vacacionales. Entre otras cuestiones, establecen una superficie mínima de 35 metros cuadrados útiles, obligan a disponer de dos baños cuando haya más de cuatro plazas y de tres baños cuando superen las ocho plazas. Asimismo, introducen requisitos relacionados con eficiencia energética, accesibilidad, instalación de energías renovables, puntos de recarga eléctrica o sistemas de control de ruido y ocupación.
En paralelo, Nueva Canarias también ha aprovechado la tramitación del proyecto de ley para introducir medidas relacionadas con la vivienda vacacional, aunque desde un enfoque distinto. Entre sus enmiendas propone aplicar un tipo del 20% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de inmuebles destinados a vivienda vacacional, tanto si ya tienen título habilitante como si pasan a destinarse a ese uso durante los diez años posteriores a la adquisición.
En general, el proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento de Canarias incluye numerosas enmiendas en diferentes ámbitos más allá de las licencias urbanísticas como tal. Las enmiendas presentadas todavía deben ratificarse para aprobar finalmente la ley.