La juez solicita a Batet que autorice la entrega de los efectos del despacho de Bernardo Fuentes

Así se ha sabido a través de un auto hecho público este lunes por parte de la instructora

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Juan Bernardo Fuentes Curbelo, presunto cabecilla del 'caso Mediador'. / EFE
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, presunto cabecilla del 'caso Mediador'. / EFE

La juez del caso Mediador ha acordado solicitar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que autorice la entrega a la Policía Nacional de los efectos depositados en el interior del despacho que utilizaba hasta su dimisión el diputado del Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los investigados en esta trama de corrupción.

En un auto hecho público este lunes, la instructora añade que, si la Presidencia del Congreso colaborara con esa entrega, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía se ocuparía de estudiar el contenido de los dispositivos informáticos y de los sistemas de almacenamiento que utilizaba Fuentes Curbelo, en busca de potenciales pruebas.

Fiscalía Anticorrupción

La juez da respuesta así a la solicitud del equipo policial que investiga esta supuesta trama de corrupción de registrar sin restricciones el despacho de Fuentes Curbelo como se dio a conocer el pasado 2 de marzo. La Fiscalía Anticorrupción emitió objeciones y apoyaba examinar los equipos informáticos del exdiputado. Algo que sugirió hacer pidiendo permiso al propio Congreso, ya que la Constitución consagra el carácter inviolable de las Cortes Generales. 

Al respecto, el fiscal Anticorrupción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife llegó a alegar que no puede pronunciarse sobre esa petición, porque la Constitución consagra la sede del Congreso como inviolable.

Meritxell Batet, presidenta del Congreso, durante la sesión del Parlamento de Canarias este jueves./ Atlántico Hoy
Meritxell Batet, presidenta del Congreso, durante la sesión del Parlamento de Canarias este jueves./ Atlántico Hoy

Fuentes Curbelo, en libertad con cargos

El exdiputado socialista fue detenido pasado el 20 de febrero, seis días después de que la juez ordenase el arresto de los otros once implicados, una vez que tuvo confirmación de que ya no era miembro del Congreso (contra un diputado en Cortes Generales solo puede proceder penalmente el Tribunal Supremo).

Compareció ante la magistrada el día 22 y salió en libertad con cargos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, porque la única acusación personada hasta ese momento, la Fiscalía, no pidió ninguna medida cautelar contra él.