Julio Pérez, que fue consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias por tres meses durante la pandemia, ha asegurado este lunes en la comisión parlamentaria que investiga el caso Mascarillas que el ejecutivo solo supo que había habido un contrato fallido para la entrega de un millón de mascarillas por las que se habían pagado cuatro millones de euros cuando lo publicó la prensa.
En su declaración ante la comisión parlamentaria, Pérez admitió que resulta "llamativo" que el Servicio Canario de la Salud adelantara dos millones de euros por esas mascarillas a la empresa RR7 y luego pagara los otros dos millones sin haberse entregado el material, porque lo normal hubiera sido resolver el contrato.
No sabía nada
No obstante, insistió en que el Gobierno no sabía nada, a pesar de que había un informe de la Intervención General previo a que el caso se publicara en la prensa dando cuenta de posibles irregularidades.
Todas las contrataciones de material sanitario durante la pandemia estaban centralizadas en la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, ya que el comité de gestión de la pandemia, que no era un órgano sino un grupo de trabajo, aunque era donde se tomaban las decisiones respecto a las necesidades, nunca trataba cuestiones sobre compras, precios ni contratos.
Por los medios
"El Gobierno se enteró del fracaso de la operación por los periódicos, con gran disgusto por saberlo por los periódicos", explicó Pérez.
Se recibió la noticia "con sorpresa y disgusto enormes", con "asombro", y se decidió la personación de la Comunidad Autónoma como parte perjudicada en el procedimiento judicial, agregó el exconsejero.
No se siente responsable
Ni de este contrato ni de los firmados con la empresa Soluciones de Gestión por más de 12 millones de euros, ambos investigados por el Parlamento y los tribunales, dijo sentirse Julio Pérez responsable, porque ningún consejero tiene por qué conocer los detalles de las contrataciones, de las que hubo 1.300 en el caso de material sanitario durante la pandemia.
Afirmó que no conoce ni recibió comunicación de los responsables de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
Conrado Domínguez
Julio Pérez aseveró además que no tiene conocimiento de que el exdirector general del Servicio Canario de la Salud Conrado Domínguez, quien durante su mandato como consejero aún no había sido nombrado y que está imputado en el caso Mascarillas, gestionara contratos de material sanitario o recibiera a proveedores desde un despacho de la Consejería de Sanidad.
Entonces, Domínguez era aún jefe de servicio en la Consejería de Transportes y actuaba de coordinador entre el comité de gestión sanitaria y el comité de expertos científicos que asesoraba al Gobierno, según dijo Julio Pérez.
Sin intervención
El exconsejero insistió en que el comité de gestión sanitaria daba instrucciones sobre la cantidad de material sanitario necesario en función de la evolución de la pandemia, pero luego ese requerimiento era gestionado por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS como está establecido, sin que él tuviera ninguna intervención sobre precios, cantidades o empresas contratadas.
Ni este comité ni los otros dos que se crearon durante la pandemia "sustituían a los órganos naturales de gobierno ni alteraban el régimen de competencias de la Comunidad Autónoma", explicó.
En el caso del material sanitario, el 21 de abril el consejero dijo que firmó una orden confirmando la centralización de las compras en la que se corregía una resolución anterior de 26 de marzo por contener errores formales y validando las adquisiciones realizadas hasta entonces.