La ccabeza de lista de Se Acabó La Fiesta por la provincia de Las Palmas, Clara María Tejera. AH
La ccabeza de lista de Se Acabó La Fiesta por la provincia de Las Palmas, Clara María Tejera. AH

Clara María Tejera (Se Acabó La Fiesta): "Los que no vienen a trabajar y solo a delinquir deben ser deportados"

Clara María Tejera, cabeza de lista por Las Palmas de Se Acabó La Fiesta al Congreso defiende una deducción de 1.000 euros en el IRPF para los residentes en Canarias, eliminar los impuestos de la primera vivienda y endurecer la política migratoria

Escucha el artículo ahora…

0:00
0:00
Alberto Ley

Se Acabó La Fiesta (SALF) concurre a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por la provincia de Las Palmas con un discurso centrado en la reducción de impuestos, el acceso a la vivienda, la seguridad y el endurecimiento de las políticas migratorias. Su candidata al Congreso, Clara María Tejera González, defiende una deducción de 1.000 euros en el IRPF para los residentes en Canarias, plantea eliminar la carga fiscal de la primera vivienda y propone ejecutar las órdenes de expulsión de inmigrantes irregulares en un plazo de 90 días.

En una entrevista con Atlántico Hoy, la aspirante desgrana las principales medidas de su formación para el Archipiélago y sostiene que las necesidades de los canarios son, en buena medida, las mismas que las del resto de españoles: acceder a una vivienda, pagar menos impuestos y vivir con seguridad.

La formación liderada por Alvise Pérez ha aceptado responder a las preguntas de Atlántico Hoy únicamente por escrito y con el cuestionario enviado previamente, sin posibilidad de realizar la entrevista de manera presencial.

[PREGUNTA] ¿Quién es Clara María Tejera y qué le ha llevado a dar el paso a la política y encabezar la candidatura de Se Acabó La Fiesta por Las Palmas?

[RESPUESTA] Soy una ciudadana canaria, una más. Al igual que muchas otras personas en mi isla, en el archipiélago, soy de los que desean que nuestra calidad de vida mejore; que las ilusiones corrientes de la gente corriente se puedan volver a hacer realidad: poder aspirar a tener un trabajo digo y estable y un hogar seguro sin sentirnos asfixiados por los impuestos y poder disfrutar de unos servicios públicos de calidad gracias a nuestra contribución.

Soy una autónoma luchadora y trabajadora, mi idea no es trabajar para que la cantidad de impuestos que pago cada día se destinen a llenar los bolsillos de los partidos políticos y de sus acólitos, sino para poder disfrutar de unos servicios públicos seguros, rápidos y efectivos. Hasta ahora nunca pensé en entrar en política, pero los últimos años están siendo muy duros en diferentes ámbitos y quiero poder participar de solucionar las problemáticas que más nos afectan a los ciudadanos, ya no puedo seguir mirando para otro lado y esperar a ver qué pasa.

SALF es una formación liderada por Alvise Pérez. ¿Qué puede aportar su partido que no estén ofreciendo las formaciones políticas tradicionales? ¿Por qué deberían confiar en ustedes los votantes canarios?

En primer lugar no disponemos de un programa sino de un Contrato Electoral que recoge 119 medidas y una cláusula de penalización vinculada a los votos de Alvise Pérez en el Congreso. Proponemos bloquear el 100 % de su sueldo público en una cuenta del Banco de España desde el primer día. En junio de 2030 se compararían las medidas prometidas con sus acciones y si la correspondencia no alcanza el 100 %, el sueldo de Alvise se lo quedaría España. También se aplicaría esta cláusula si SALF no entra en el Gobierno. Esta es la garantía de cumplimiento que ofrecemos a la ciudadanía.

Nuestro objetivo es cambiar la forma de hacer política de los partidos tradicionales y su manera de secuestrar al electorado, buscamos medidas que fomenten una democracia más participativa y directa, reduciendo así la influencia de los partidos tradicionales.

Alvise Pérez atiende a los medios en Bruselas, Bélgica. EFE/Pablo Garrigós
Alvise Pérez atiende a los medios en Bruselas, Bélgica. EFE/Pablo Garrigós

¿Cuáles son las tres principales medidas que SALF quiere llevar al Congreso para mejorar la vida de los ciudadanos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura?

El canario al igual que el resto de ciudadanos españoles necesita una vivienda que no esté encarecida por los impuestos, desea vivir seguro y en paz. Desea que los que cometan delitos cumplan la pena de prisión que le corresponda, que los que no vienen a trabajar y solo a delinquir sean deportados a sus lugares de origen. El canario quiere no estar subyugado a un IRPF cuando ni siquiera gana lo suficiente para mantener a su familia. Se están creando trabajadores pobres y para solucionar esta situación proponemos eliminar la carga fiscal de la primera vivienda, aplicar las medidas de seguridad de El Contrato y elevar el mínimo exento de IRPF hasta 35.000 euros. Esta última medida se aplicaría de forma gradual a lo largo de los años: 15.000 euros en 2027, 22.000 euros en 2028, 28.000 euros en 2029 y 35.000 euros en 2030.

Además de las problemáticas comunes, Canarias necesita propuestas que tengan en cuenta su singularidad y las dificultades económicas reales de muchas familias en las islas. Para esto, El Contrato incluye una deducción de 1.000 euros en la cuota del IRPF para cada contribuyente residente en Canarias desde la renta de 2027,además un tipo del 0 % en el Impuesto sobre Sociedades de la Zona Especial Canaria para las empresas que creen cinco empleos o más en las islas.

Canarias atraviesa una importante crisis de vivienda. ¿Qué soluciones concretas propone su formación para facilitar el acceso al alquiler y a la compra de una vivienda a los residentes?

Para facilitar la primera compra proponemos dejar a 0 % los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), el IVA al 4 % será devuelto íntegramente en la renta, el suelo público no tendrá coste y las licencias se darán en un mes o silencio positivo. El objetivo recogido en El Contrato es reducir el precio al menos un 35 % además de eliminar el IBI. Hablamos también de vivienda protegida en propiedad a precio tasado sobre suelo y un aval público del 20 % de la entrada para menores de 40 años que compren su primera vivienda.

En la vivienda de alquiler proponemos un seguro público de impago que garantice doce meses de renta y daños al propietario, a cambio de alquilar sin exigir tres nóminas y un aval bancario, con prioridad para menores de 45 años y familias con hijos. Planteamos también el desalojo en 48 horas con denuncia y título de propiedad y, ante impago: juicio verbal y lanzamiento en 30 días.

Lo que nos diferencia es que SALF sí ha hecho los deberes, explicando de dónde está previsto obtener el dinero necesario para todas estas acciones. Si no se saquean las arcas del estado, hay dinero, si no se despilfarra en ofrendas para fines ideológicos, hay dinero y si se reduce la inmensa estructura política actual, hay muchos fondos para conseguir estos objetivo, incluso para muchos otros que propondremos en el futuro. El Contrato recoge las previsiones de ingresos y ahorro y exige que ninguna rebaja fiscal entre en vigor sin ahorro estructural certificado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El turismo es el principal motor económico de las islas, pero también genera tensiones por el acceso a la vivienda, los salarios y la saturación de determinados espacios. ¿Considera que hay que cambiar el modelo turístico de Canarias?

 El debate sobre el turismo no se puede limitar al número de visitantes que llegan a las islas. Alvise señala dos cuestiones prioritarias que afectan a la población residente: que los ingresos del turismo trasciendan a los servicios públicos y que los salarios del sector turístico y restauración permitan acceder a una vivienda.

Nuestra propuesta es que los ingresos del turismo vayan destinados a mejorar la construcción y condiciones de vivienda, aumentar la seguridad del ciudadano y a luchar contra la delincuencia en las islas. Pensamos que, si estos ingresos se dedican a mejorar la vida de los residentes las islas, el turismo podrá crecer de una forma ordenada y generará más riqueza para la población actual.

¿Qué posición tiene SALF respecto al Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y al descuento del 75% para los residentes en los desplazamientos aéreos y marítimos?

Como mencionamos anteriormente, en la Zona Especial Canaria proponemos un tipo del 0 % en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que creen al menos cinco empleos en las islas. A esta medida le sumamos una deducción de 1.000 euros en la cuota del IRPF para cada contribuyente residente en Canarias desde la renta de 2027.

En cuanto a las subvenciones al transporte, nuestro Contrato recoge el descuento del 75 % para residentes en avión y barco, además el Estado pagará a las compañías en 30 días.

La inmigración es uno de los asuntos centrales del discurso de SALF. ¿Qué solución concreta propone para gestionar la llegada de cayucos a Canarias y qué plantea para los menores migrantes no acompañados?

Nuestra propuesta va desde la identificación inmediata pasando por la orden de expulsión y gestión de salida en 48 horas. Internamiento hasta la expulsión y ejecución del 100% de las órdenes en 90 días. Nuestro contrato condiciona las ayudas, los visados y las preferencias comerciales a Marruecos, Senegal, Argelia y Mauritania a que readmitan a sus ciudadanos en 72 horas. Además, planteamos durante toda la legislatura una suspensión a la inmigración de los países que no colaboren en la lucha contra las mafias de trata de personas y/o que no readmitan a sus ciudadanos de vuelta.

En cuanto a los menores, su repatriación con sus familias será la primera opción, en cuanto lleguen se hará siempre una prueba radiológica y dental obligatoria antes de entrar en un centro si fuese el caso.

Canarias continúa registrando importantes problemas de pobreza y listas de espera sanitarias. ¿Qué medidas impulsaría SALF para mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de los ciudadanos?

Nuestra propuesta en sanidad se centra en crear una central única obligatoria de compras que ofrezca precios netos públicos lo que desembocará en un gran ahorro de presupuestos que irá  destinado directamente  al aumento de sueldos y plazas sanitarias. Nos comprometemos a establecer plazos de 60 días para cirugía, 30 para especialistas y 7 días para pruebas prioritarias. En el caso de que estos plazos se superasen, el paciente podrá elegir cualquier centro público o privado con cargo a la sanidad pública. En cuanto a la atención primaria las esperas máximas serán de 48 horas y para la atención de salud mental será 15 días.  Además, incrementaremos el número de camas en 10.000 más y 1.500 plazas más de UCI en toda España.

En cuanto a las condiciones económicas para los ciudadanos proponemos una pensión mínima de 1.000 euros distribuidos en 14 pagas para aquellos que hayan cotizado 35 años y además el mínimo exento de IRPF subirá gradualmente hasta 35.000 euros en 2030.

SALF defiende una reducción del gasto político y de la estructura administrativa. ¿Qué organismos o partidas presupuestarias considera prescindibles y cómo garantizaría que los recortes no afecten a los servicios públicos?

Queremos reducir la estructura política pasando de 22 a 10 ministerios, de tres a una vicepresidencia y de 1.255 asesores actuales a 400. También proponemos suprimir el Senado, el Consejo de Estado, los Consejos Económicos y Sociales, las diputaciones provinciales y todos los entes, empresas y fundaciones públicas sin una  función clara y eficiente. Eliminaremos la publicidad institucional y las subvenciones a sindicatos y patronal, además reduciremos un 50 % las subvenciones a partidos.

Las funciones útiles de los ministerios suprimidos se traspasarían a los diez ministerios principales. Además, ninguna bajada de impuestos podría entrar en vigor sin ahorro estructural certificado por la AIReF. En sanidad, como mencionamos en el anterior punto: todo el ahorro derivado de las compras irá destinado a sueldos y plazas. La reducción del gasto político en ningún caso se hará en detrimento de los servicios públicos.

Alvise Pérez ha estado envuelto en distintas polémicas judiciales, entre ellas la investigación relacionada con una presunta financiación irregular de SALF. ¿Cómo afectan estos episodios a la imagen del partido y qué garantías de transparencia ofrece la formación?

En materia de transparencia institucional nuestra propuesta conlleva publicar en 24 horas absolutamente todo gasto público superior a 1.000 euros en un portal único para todas las administraciones. En este portal estarán pagos, contratos, subvenciones, nóminas de altos cargos y asesores, agendas y regalos.

Por otro lado, en cuanto a algo tan importante y con necesidad de transparencia como es la contratación pública, ésta será electrónica y realmente pública. Además, la contratación de emergencia se publicará íntegramente en 24 horas y se auditará en 30 días.

 

 

Si consigue representación en el Congreso, ¿qué autonomía tendría usted para tomar decisiones respecto a Alvise Pérez? ¿Estaría dispuesta a negociar con PP, PSOE o cualquier otra formación para sacar adelante iniciativas que beneficien a Canarias?

Alvise, SALF y yo compartimos una visión de Canarias y vamos a luchar por aplicar las medidas necesarias para reducir la pobreza en las islas. Estamos aquí para mejorar la vida de los canarios: facilitar el acceso a la primera vivienda, elevar gradualmente el mínimo exento de IRPF y aplicar la deducción de 1.000 euros en la cuota del IRPF para cada contribuyente residente en Canarias desde la renta de 2027.

Los canarios necesitan acceder a una vivienda, pagar menos impuestos y vivir con seguridad en sus calles. SALF seguirá proponiendo nuevas medidas para combatir la pobreza en Canarias y preservar la identidad de los canarios, estos son nuestros objetivos prioritarios.

¿Qué se juega Canarias en esta legislatura? ¿Cuáles son los asuntos que considera prioritarios y qué se perdería el Archipiélago si no consigue que sus principales reivindicaciones estén presentes en el Congreso?

Interpreto, de nuevo, que los problemas fundamentales de los canarios son los mismos que los del resto de los españoles: acceder a una vivienda, pagar menos impuestos, vivir con seguridad y contar con una inmigración legal y ordenada.

En vivienda, proponemos eliminar la carga fiscal de la primera compra, facilitar suelo público para vivienda protegida en propiedad y ofrecer un aval del 20 % de la entrada a menores de 40 años. En impuestos, elevar gradualmente el mínimo exento de IRPF: 15.000 euros en 2027, 22.000 en 2028, 28.000 en 2029 y 35.000 en 2030. En seguridad, El Contrato propone el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos que recoge y más medios de investigación. En inmigración, la medida 1 dice: "Identificación, orden y salida en 48 horas. El 100 % de las órdenes ejecutadas en 90 días". Además, condiciona ayudas, visados y preferencias comerciales a la readmisión de nacionales en 72 horas por los países señalados en el contrato.

También hay cuestiones específicas de Canarias: la deducción de 1.000 euros en la cuota del IRPF para cada contribuyente residente desde la renta de 2027, la ZEC al 0 % en Sociedades para la empresa que cree cinco empleos en las islas y el descuento del 75 % para residentes en avión y barco, con pago a las compañías en 30 días.

Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora