Las islas de Lanzarote y Fuerteventura se han alzado en pie de guerra contra la instalación de parques eólicos en su territorio a través de la figura del interés general. Por un lado, el Gobierno majorero busca anular o revocar todos los proyectos que se han aprobado a través de esta herramienta en la Isla, mientras que el cabildo conejero iniciará la vía judicial contra un parque eólico aprobado gracias a esta figura.
El artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias establece un procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica. Esta clasificación da un régimen especial de autorización a las obras que lo obtienen, lo que ha generado tiranteces entre las administraciones locales y el Gobierno de Canarias, especialmente en aquellas zonas más propensas a la instalación de energía eólica.
Lucha por el interés general
Pero esta carta abierta a las obras de ejecución de instalaciones de generación, transporte o distribución energética se enfrenta en ocasiones al debate de la protección del territorio. Es lo que sucede actualmente en Lanzarote y Fuerteventura.
Por un lado, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura instará al Gobierno de Canarias a revocar varios de los proyectos que se han aprobado para su instalación en la Isla a través del interés general. Un requerimiento que realizará previa a la interposición de posibles recursos contencioso-administrativos, según ha informado este martes el Cabildo en un comunicado.
Uso sin razón
Para la presidenta del Cabildo majorero, Lola García, esta figura, que lleva en vigor desde 2011, permite a las empresas “instalar libremente cualquiera de estos sistemas, saltándose el planeamiento insular y sin tener en cuenta las particularidades de Fuerteventura, dando lugar a una implantación descontrolada y un brutal impacto”.
En un comunicado, lo que defienden desde el consistorio es que “el informe de los servicios del Cabildo ha concluido que no existe razón justificada de urgencia o excepcional para aplicar este artículo 6 bis, sino que se utiliza de manera genérica, estereotipada y repetida en todos los proyectos”. Por ello critican que se use el procedimiento excepcional en una instalación que opinan que no lo necesitan.
Una lucha aparte
Esta nueva vía que inician desde el Cabildo de Fuerteventura no es la única gran lucha que tienen en materia de energías renovables. Desde el Gobierno insular presentaron en agosto alegaciones al Plan de Transición Energética de Canarias (Ptcan) argumentando que invade las competencias insulares al delimitar los ámbitos para instalar infraestructuras de energías renovables en las islas y que “podría ocasionar un impacto sin precedentes en el paisaje y el territorio de Fuerteventura”.
Además aseguran que sus informes técnicos “concluyen que la zonificación que propone el Ptcan para la instalación de sistemas de energías renovables no está suficientemente justificada, analizada ni motivada”. Por ello, aseguran que este plan, invade competencias del Cabildo en materia de planificación y “no estudia ni se ajusta a las particularidades energéticas de Fuerteventura”.
Contra los molinos
Por su parte, el Cabildo de Lanzarote ha aprobado este martes por unanimidad interponer un contencioso judicial en contra de la instalación del parque eólico Vista Mar en la zona de Las Caletas, en Costa Teguise. Lo hacen argumentando que la instalación supone un “impacto negativo” para el paisaje de la Isla.
Según el consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Machín Tavío, “la implementación de este parque eólico dañará nuestro entorno y la manera adecuada para la proliferación de las energías limpias no es esta, sino integrando de manera armónica en el paisaje del territorio este tipo de infraestructuras. Además, estas deben ser proporcionales y siempre que sea posible de carácter público”, añadió el consejero.
Este parque eólico es impulsado por la empresa Renovertis S.L. y fue declarado de interés general en septiembre de 2021.