La aplicación del artículo 155 de la Constitución suena como algo muy lejano, y puede que al pensar en él, lo primero que se venga a la cabeza sea el caso de Cataluña; sin embargo, ya en 1989 el Gobierno central tuvo intenciones de aplicárselo a Canarias. ¿La razón? El entonces presidente canario Lorenzo Olarte, del Centro Democrático y Social (CDS), se negó a aceptar la supresión de aranceles que implicaba la adhesión a la Comunidad Económica Europea.
Es así como, antes de Carles Puigdemont -salvando distancias-, un presidente autonómico ponía en la mesa esta encrucijada para el Ejecutivo central de suspender la autonomía de una comunidad, marcando así Lorenzo Olarte un capítulo de la historia política del Archipiélago.
Incumplimiento del tratado
En aquel momento, a finales de los 80, el Ejecutivo canario estaba gobernado por una alianza del Centro Democrático y Social, las AIC de Manuel Hermoso, Alianza Popular y la Agrupación Herreña Independiente, y presidido por Olarte. El enfrentamiento entre la administración central y el Gobierno autonómico comenzó a raíz de una decisión por parte del presidente de las islas.
Esta decisión suponía no seguir aplicando el desarme de los arbitrios insulares, es decir, se posicionó contra la eliminación de estos impuestos, lo que conllevaba el incumplimiento del Tratado de Adhesión a la CE.
Aplicar el 155
Por aquel entonces, Felipe González era quien presidía el Gobierno de España. El posicionamiento de Olarte constituía una amenaza, por lo que el presidente nacional envió un requerimiento al Ejecutivo canario para que cumpliera sus obligaciones fiscales.
Fue desde la Secretaría de Estado de Hacienda, dirigida en aquel año por Josep Borrell, la que advirtió al Gobierno de Canarias de que el Ministerio de Economía tendría que proponer la adopción de ciertas medidas, entre las que no se destraba la activación del 155.
Las competencias de la comunidad
El Ejecutivo central tuvo respuesta del autonómico. Desde las Islas anunciaron que se reservaban las acciones legales que le correspondieran ante las instancias nacionales e internacionales, pues la decisión de Olarte se basaba en la defensa y garantía del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, así como del Estatuto de Autonomía.
El incumplimiento por parte de Canarias podía conducir a que el Gobierno central acudiera al Tribunal Constitucional y plantear además al Senado la retirada de competencias de la comunidad autónoma, según confirmó en su momento Borrell a un grupo de periodistas.
Un capítulo de la historia de Canarias
El comportamiento de Borrell fue criticado por sus propios compañeros militantes del PSOE en Canarias. El secretario general del Partido Socialista Canario, Jerónimo Saavedra, calificó de “desdichadas” e “improcedentes” sus palabras.
Aunque el revuelo alteró al país, la suspensión de autonomía no llegó a aplicarse. El Consejo de Ministros se limitó a aprobar otro requerimiento al Gobierno canario instándole a cumplir la ley. Poco después Borrell viajó al Archipiélago, donde junto a Olarte y el Ejecutivo autonómico se llegó a un acuerdo, desactivando todas las alarmas y guardando en el cajón el artículo 155, hasta que Cataluña volvió a desempolvarlo hace unos años.
Fue así como hace más de 30 años, un presidente canario hizo temblar al Gobierno central con sus ideas y decisiones en defensa de las Islas, más allá de los acuerdos con la Unión Europea y en defensa del REF y del Estatuto de Autonomía, y su nombre era Lorenzo Olarte.